El CELS junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentaron un Amicus Curiae ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa por presuntas irregularidades en la designaciones de fiscales.
Extractos del amicus:
“Decisiones de este tipo ―adoptadas tanto por la actual Procuradora como por sus antecesores― han sido fundamentales para el impulso de causas por delitos de amplia repercusión social. Entre estas causas se destacan, por su magnitud y relevancia histórica, los juicios por violaciones masivas a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, muchos de los cuales han sido impulsados por Unidades Especiales y han estado a cargo de Fiscales Subrogantes o Ad Hoc. De prosperar la denuncia presentada por el Senador Cimadevilla debería darse macha atrás con estas medidas, lo cual comprometería seriamente el avance de las investigaciones y los juicios por delitos de lesa humanidad aún en curso, comprometiendo incluso la responsabilidad internacional del Estado argentino.”
“No puede perderse de vista que las unidades fiscales especiales creadas por la actual Procuradora General, que fueron cuestionadas en la denuncia, apuntan precisamente a optimizar los recursos existentes para responder a estos complejos fenómenos criminales, que hasta ahora no han tenido debida respuesta.”
“La adopción de las medidas cuestionadas en la denuncia del Senador Cimadevilla, lejos de implicar un incumplimiento de deberes o un abuso de poder, apuntan a hacer efectiva la manda del artículo 120 de la Constitución Nacional y a valerse de las facultades otorgadas en la Ley Orgánica (arts. 1, 11 y 33) para revertir problemas organizacionales, de ineficiencia o inoperancia del Ministerio Público Fiscal y a cumplir cabalmente con las funciones y deberes que la Constitución Nacional le asigna a la Procuradora General de la Nación.”
“Desde una perspectiva opuesta a la reflejada en la denuncia, las organizaciones que suscribimos esta presentación entendemos que las medidas adoptadas por la Procuradora General de la Nación son pertinentes para cumplir eficazmente las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal en defensa de los intereses generales de la sociedad. En particular, estas medidas apuntan a potenciar y mejorar la actuación de los fiscales en causas de gran trascendencia institucional e impacto social, en las que hasta el momento se observan altos índices de ineficiencia en la persecución penal”.
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