El CELS y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) se presentaron como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires en la causa que investiga a Diosnel Pérez y Leonardo Nardulli por el delito de usurpación durante la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires acusó a estos referentes sociales de haber planificado y organizado la ocupación del predio. A fines de 2013 la jueza en lo Penal y Contravencional, Maria Gabriela López Iñiguez, sobreseyó a Pérez y a Nardulli y señaló que el conflicto puede ser resuelto por canales institucionales sin la intervención de la justicia penal. Enfatizó que en este caso “existía un innegable reclamo de base relativo a la insatisfecha necesidad de lograr un acceso legal a la vivienda digna por parte de sectores vulnerables”. La fiscalía apeló esta decisión y la Cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento.
El amicus del CELS y la APP resalta la necesidad de no criminalizar este tipo de conflictos y encausarlos en la mediación política y la articulación de las distintas agencias estatales y enfatiza la necesidad de que el Estado dirija sus esfuerzos a resolver la grave crisis habitacional de la ciudad y a no utilizar la vía penal para disuadir las protestas.
Mientras la justicia porteña avanza con la criminalización de Nardulli y Pérez, la impunidad por las muertes en la represión del Parque Indoamericano continua. En julio, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Indoamericano en el que fueron asesinados Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emilio Canaviri Alvarez.
Cuatro años después, las familias que participaron de la toma continúan sin tener garantizado su derecho a un hábitat digno. El 23 de agosto pasado, un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y Policía Metropolitana desalojó el barrio Papa Francisco y detuvo a referentes de la zona. Este hecho mostró que persisten los problemas que dieron lugar a la toma en 2010 y un retroceso en los modos de gestión política del conflicto social y la actuación policial en esas situaciones. Al igual que en el Indoamericano las autoridades de la ciudad criminalizaron la toma y el Poder Judicial detuvo a referentes barriales.
Estos hechos muestran que es necesario no criminalizar las protestas sociales y reafirman la necesidad de investigar y sancionar el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad.