El martes 4 de noviembre comienza el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero- Vía Campesina (MOCASE- VC). El 16 de noviembre de 2011, un grupo armado irrumpió en una reunión de esa organización y ocasionó la muerte de Ferreyra, heridas graves a Darío Godoy y lesiones a otras personas. En ese momento, los campesinos preparaban una denuncia contra el empresario Jorge Ciccioli por avanzar sobre sus tierras con intimidaciones, amenazas y ataques. En el debate oral serán juzgados Javier Juárez, acusado de haber disparado, Jorge Ciccioli y los otros integrantes del grupo.
La violencia ejercida contra los integrantes del MOCASE-VC responde a una persistente conflictividad territorial en las provincias del Gran Chaco argentino, entre ellas, Santiago del Estero. La ampliación de la frontera agrícola y la inseguridad de la tenencia de la tierra generan un contexto en el que se profundizan las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas, especialmente sus derechos al territorio, a la alimentación adecuada y a una vida digna.
Esta conflictividad deriva en formas específicas de violencia, en las que los límites entre el Estado y los actores privados aparecen peligrosamente borrados. En diferentes conflictos, las fuerzas policiales amedrentan y reprimen a campesinos e indígenas cuyos reclamos entran en conflicto con intereses de emprendimientos agrarios. En otros casos, como el de Cristian Ferreyra y Darío Godoy, la violencia es ejercida por grupos armados, muchas veces integrados por ex policías. Se trata de ejércitos privados contratados por empresarios que llevan a cabo desalojos mientras las autoridades políticas provinciales oscilan entre la omisión y la connivencia.
A lo largo de un extenso conflicto por las tierras en esa región santiagueña, ninguna autoridad política, judicial ni de seguridad de la provincia intermedió para que cesaran los desmontes de tierras ni los ataques y las amenazas hacia las comunidades campesinas. El MOCASE-VC había alertado en varias oportunidades sobre la presencia de grupos armados que amenazan y atacan a campesinos organizados para defender su derecho al territorio.
El asesinato de Ferreyra no es un caso aislado. En 2012, fue asesinado el campesino Miguel Galván. En septiembre de 2014, funcionarios del gobierno provincial que constataban los desmontes ilegales en territorio de comunidades campesinas registraron cómo un hacendado local amenazó con un arma a integrantes del MOCASE. En octubre de 2014, el propietario de la empresa de bebidas Manaos acompañado de quince personas armadas ingresaron en el territorio de una comunidad para desalojarla.
En diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los casos en que los agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados, han recurrido a represalias y a un uso desproporcionado de la fuerza contra personas que participaban en actividades de defensa de estos derechos, particularmente en el contexto de conflictos de tierras.
El CELS presentó al tribunal que lleva adelante el juicio una nota en la que solicita que en el juicio sea tenido en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos referido al derecho a la justicia y tutela judicial efectiva, la responsabilidad del Estado por actos de actores no estatales y el derecho al territorio en comunidades rurales.
La Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de Santiago del Estero debe sancionar a los responsables del asesinato de Cristián Ferreyra y de las heridas a Darío Godoy y enviar un mensaje contra la impunidad de los grupos armados y de los empresarios que los utilizan.