La reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) es una oportunidad para crear un proceso penal ágil que garantice la tutela judicial efectiva. En este sentido, celebramos que se esté discutiendo una reforma profunda del sistema de enjuiciamiento orientada a la adopción de un sistema acusatorio formal y a la desformalización de la investigación. El proyecto de CPPN en debate hace explícitos los principios constitucionales y las garantías procesales que deben enmarcan el funcionamiento del sistema penal. Al mismo tiempo, establece plazos perentorios, y sanciones para fiscales o jueces que los incumplan, con el fin de garantizar que se llegue a respuestas en plazos razonables.
El CELS envió hoy un conjunto de observaciones sobre algunos aspectos de la reforma que resultarían, de aprobarse, incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y sobre otros que podrían dar lugar a la construcción de una política criminal que profundice estereotipos arraigados en el sistema penal argentino. El documento formaliza la presentación realizada el 4 de noviembre en la reunión de las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda del Senado.
Los aspectos del proyecto de reforma del CPPN sobre los que acercamos observaciones y propuestas son: la suspensión de juicio a prueba y la expulsión de extranjeros; la regulación de la prisión preventiva y la definición del concepto de flagrancia que autoriza una detención sin orden judicial; la cosa juzgada fraudulenta y el recurso de revisión y cuestiones puntuales sobre la dinámica del debate oral.
La reforma procesal tiene que ser entendida como una herramienta para lograr nuevas prácticas judiciales. Para constituirse en un cambio de paradigma, deberá ser acompañada por un cambio de la organización judicial que hoy es parte fundamental de las trabas, las demoras y las dificultades del sistema para responder a las demandas de justicia. Al mismo tiempo tiene que preverse un fuerte proceso de implementación.
El nuevo sistema y el cambio de roles debe conducir a una redefinición de la política criminal para orientar el esfuerzo del sistema penal hacia los delitos más graves y garantizar respuestas eficaces. De otro modo, una herramienta ágil servirá para consolidar una aplicación discriminatoria; y desigual de la ley penal.
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