Hace 7 años Mariano Ferreyra fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Por el hecho fueron condenados en un fallo histórico integrantes de la Unión Ferroviaria, entre ellos su titular José Pedraza, y agentes de la Policía Federal Argentina. El asesinato de Mariano expuso las condiciones de contratación de un sector importante de trabajadores de nuestro país bajo la modalidad de tercerización laboral y los modos en que empresas y sindicalistas se beneficiaban de este tipo de contratación.
Al mismo tiempo se abrió otra investigación por el intento de soborno en la investigación del crimen, que buscaba direccionar el sorteo de la apelación hacia la sala III de la Cámara de Casación Penal, compuesta en ese momento por Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, para que resolviera a favor de los imputados. La investigación pasó por más de veinte jueces, numerosas inhibiciones y maniobras dilatorias.
En mayo de 2016, el ex juez Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento del camarista Eduardo Riggi, que el CELS apeló. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el recurso y la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión. Por último el 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró para siempre la investigación contra el camarista Eduardo Riggi. Los intentos de sobornos, descubiertos en la investigación por el asesinato de Mariano, quedaron en la impunidad y muestran las resistencias del Poder Judicial para investigarse a sí mismo.