En una mesa de discusión realizada durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, representantes de INCLO e IHRC presentaron los principales resultados de su nueva publicación Defending Dissent: Towards State Practices that Protect and Promote the Rights to Protest (por ahora solo disponible en inglés).
El informe busca tender un puente entre los principios y la práctica, ofreciendo ejemplos y análisis de leyes existentes, mecanismos y procesos institucionales y tácticas de despliegue que funcionan para promover –o en algunos casos socavar– la protesta social y las manifestaciones públicas. Surge de una investigación amplia, de entrevistas con 26 expertos sobre prácticas policiales en ocho países y del conocimiento de las organizaciones pertenecientes a la INCLO que trabajan estos temas.
La publicación destaca estudios de caso sobre los abordajes policiales en diversos países del mundo. El informe y sus recomendaciones se organizan alrededor de tres temas: las medidas preventivas y el diseño institucional, las tácticas y el uso de la fuerza y la rendición de cuentas y los organismos de control. Dentro de estos temas, el informe identifica 12 principios centrales y 33 buenas prácticas que son esenciales para hacerlos operativos.
Las protestas y asambleas públicas son herramientas fundamentales para la expresión de reclamos y la exigencia de reformas políticas, sociales o económicas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad y otras instituciones del Estado las suelen tratar como amenazas nacionales, y recurren al uso de la fuerza arbitraria, excesiva y discriminatoria.
“La represión de la protesta y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones se extienden por los países del norte y del sur”, dijo en la mesa de discusión Marcela Perelman del CELS. “En la Argentina actualmente existe un escenario regresivo respecto de la protección de la protesta, con retrocesos en los protocolos y las formas de intervención policial en los conflictos sociales y las protestas que ya han resultado en la muerte de dos personas”.
“Este informe brinda una herramienta importante para el trabajo de las organizaciones nacionales de derechos humanos”, agregó.
Defending Dissent ofrece al Estado y sus fuerzas de seguridad una caja de herramientas para la evaluación de sus políticas, prácticas y mecanismos institucionales. Explica cómo se pueden operativizar los estándares y principios internacionales sobre la gestión de asambleas para proteger y promocionar los derechos a la protesta.
“La libertad de expresión y de asociación son la base de la democracia y hay estándares legales internacionales que resguardan estos derechos. Sin embargo, faltan investigaciones y orientación desde la perspectiva de derechos humanos que brinden dirección práctica para la implementación y aplicación de estos estándares internacionales por parte del Estado y sus instituciones de seguridad. Este informe apunta a llenar ese vacío”, dijo Rob De Luca de la Canadian Civil Liberties Association (CCLA), otro de los autores del informe.