El 17 de julio se realizó una reunión convocada por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Amnistía Internacional para evaluar el seguimiento a las recomendaciones que le efectuaron a la Argentina en el tercer examen periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese contexto, el Estado compartió con organizaciones su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNDH).
Destacamos que incluya entre sus definiciones un compromiso explícito con la memoria, la verdad, la justicia y las políticas reparatorias, y que afirme que la lucha contra la impunidad debe ser “eje de una política que comprenda a los tres poderes del Estado”. A partir de un análisis detenido del Plan, realizamos algunas observaciones:
La elaboración del Plan se realizó a partir de las respuestas dispares de diferentes áreas de gobierno, que luego fueron compiladas, procesadas y sistematizadas. Esta opción metodológica no se propone de arriba hacia abajo una definición de las políticas y líneas políticas principales y prioritarias de lo que será la gestión en derechos humanos de todo el gobierno nacional. Menos aún los desafíos que esto representa para la articulación con las provincias.
Además, al ser desiguales esas respuestas, hay dependencias críticas para el ejercicio de derechos humanos que están sub-representadas, lo que abre importantes lagunas en el Plan. Omite, en consecuencia, problemáticas centrales -por ejemplo vivienda y seguridad- y no referencia leyes, programas y políticas de relevancia para la intervención estatal y que tendrían efectos concretos respecto de los objetivos formulados en el Plan. Señalamos en particular la ausencia de un eje que aborde los derechos vinculados con la comunicación y la libertad de expresión y la necesidad de que se incluya un eje y acciones programáticas que fomenten la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios de comunicación.
Otro punto para destacar es que la mención a convenciones y tratados internacionales es genérica e introductoria. Sería importante que el Plan sistematice las recomendaciones realizadas al país en distintas evaluaciones como las del Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura o del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entre otros órganos de tratados de Naciones Unidas. A su vez, los mecanismos del sistema universal y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado decisiones en casos sobre la Argentina que están pendientes de cumplimiento.
Finalmente, en la mayoría de los temas la política gubernamental es contradictoria con los objetivos del Plan. En los ejes sobre seguridad pública y violencia institucional se ve con mayor claridad la incompatibilidad entre el Plan y lo que hacen las distintas agencias del Estado. La propuesta tampoco tiene herramientas precisas de monitoreo, como el desarrollo de indicadores de ejercicio de derechos humanos.
Acercamos nuestro análisis para contribuir al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y nos ponemos a disposición para observar en detalle cada eje del Plan y nuestra revisión sobre los compromisos pendientes asumidos por el Estado Nacional.