La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal exhortó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín para que defina una fecha de inicio al debate oral y público en la causa “Mercedes Benz”. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky lo resolvieron al hacer el control de la prórroga de la prisión preventiva del imputado Benito Ángel Rubén Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, por las desapariciones de trabajadores durante el terrorismo de Estado. Con la dictadura cívico militar, al menos veinte trabajadores de Mercedes Benz fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. De ellos, quince se encuentran desaparecidos.
En abril de 1976 secuestraron a dos trabajadores: Rubén Oscar Caddeo y Juan José Martín. En diciembre de 1976 se conformó una nueva comisión interna y ocurrieron nuevos secuestros: Miguel Grieco, José Antonio Vizzini y Alfredo Martín. El 4 de enero de 1977 la empresa citó a los nuevos delegados a las oficinas de Capital Federal y cedió en varios puntos conflictivos. Pocas horas después, dos de los obreros que habían asistido a la reunión -Alfredo Reimer y Víctor Hugo Ventura- fueron secuestrados; antes habían comentado entre ellos y a sus familiares que la actitud de los directivos de Mercedes Benz les había resultado llamativa. Estos secuestros causaron un profundo impacto en los trabajadores, que a esta altura de la represión ya habían aceptado un premio por productividad -tal como quería la empresa antes del inicio de la dictadura. En febrero fue secuestrado Carlos Adolfo Cienciala.
En agosto de 1977 se tensaron nuevamente las relaciones entre los obreros y la empresa. Al rechazo de cumplir con horas extras por una larga lista de demandas insatisfechas, los directivos calificaron la situación como “crítica”, con consecuencias “serias” para la producción. En un período de dos semanas fueron secuestrados dos ex trabajadores y ocho trabajadores de la empresa. Los últimos secuestros fueron en enero y junio de 1978. Ese año la empresa alegó una crisis de ventas y paralizó la producción en distintas oportunidades, suspendió personal y otorgó vacaciones adelantadas.
Hay suficiente evidencia sobre cómo los directivos de la empresa dieron información sobre los trabajadores a las fuerzas represivas. Un expediente de inteligencia policial de 1980 que se encontró en el Archivo de la DIPBA señala sobre los desaparecidos de Mercedes Benz que “la mayoría de los trabajadores mencionados en su oportunidad fueron catalogados como elementos de izquierda que agitaban en Mercedes Benz”. Las víctimas no fueron elegidas al azar: todas tenían militancia gremial.
El eje de la investigación de la causa es la desaparición de varios operarios de la empresa y la posible responsabilidad sobre esos hechos de sus directivos, la cúpula del SMATA y funcionarios civiles del gobierno, además de la de las fuerzas armadas. Aunque en este tramo del juicio están acusados algunos militares, durante el juicio oral será ineludible comprobar la evidencia que existe sobre la participación de los empresarios y gerentes en los delitos que se investigan. El CELS es querellante en la causa en calidad de organismo de derechos humanos.
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