El lunes 3 de septiembre a últimas horas de la tarde, la Policía de la Ciudad reprimió una movilización de vecinos/as y organizaciones sociales de la villa 31, en Retiro, que protestaban por el modo en el que se está llevando adelante el proceso de urbanización de ese barrio.
En este momento, está un discusión un dictamen, paso previo a la ley que regulará aspectos fundamentales de la integración social y urbana de los Barrios 31 y 31 bis – Barrio Padre Carlos Mujica. El dictamen debe, entre otras cuestiones, respetar lo dispuesto en la ley 3.343, garantizar el acceso de todas las familias a un hábitat digno dentro del perímetro de la intervención, tomar medidas para evitar el posterior desplazamiento a causa de la acción del mercado, prohibir la venta de tierras de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el área para cualquier otro uso y destinarlas para lograr la mayor cantidad de soluciones habitacionales y equipamientos sociales. Sin embargo, a dos años del anuncio de la urbanización, en la actualidad existen más interrogantes que certezas sobre cómo será ese proceso y sus resultados.
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de promover un espacio participativo amplio en el que se alcancen acuerdos democráticos que garanticen los derechos de las familias que habitan en los barrios. Como lo sostenemos en el Acuerdo por la Urbanización de las Villas, esta exigencia no es retórica: la participación y la organización popular en estos procesos son herramientas fundamentales de una política de integración con perspectiva de derechos.
Foto: La Garganta Poderosa