Las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Salta y Jujuy, llevan adelante desde 2019 un reclamo en defensa de su territorio ante el avance de la actividad minera. Con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), iniciaron un camino judicial que atravesó distintas instancias y ahora debe resolver la Corte Suprema. Nos presentamos como amicus curiae en este punto del proceso para acercar argumentos de derechos ambientales y participación de los pueblos indígenas.
El proceso se originó luego de que los gobiernos de las dos provincias aprobaran proyectos de explotación de litio y borato sin realizar una consulta libre, previa e informada con la comunidades Kolla y Atacama que habitan esos territorios. Las comunidades presentaron un amparo para detener la explotación porque entienden que el avance de esos proyectos pone en riesgo ecosistemas estratégicos, como los humedales altoandinos. Además de no hacer consultas, las provincias tampoco realizaron ninguna evaluación de impacto ambiental.
A través del proceso judicial que llevan adelante las comunidades plantean la necesidad de tener garantizados derechos básicos para vivir: a un medio ambiente sano y al agua. Exigen al Estado Nacional y a los provinciales que tomen medidas de protección en esas zonas, que se suspendan los permisos para la exploración y explotación de litio y borato, se hagan análisis del impacto en el agua de la cuenca y evaluaciones de impacto ante cada pedido de explotación minera.
Este litigio abre la discusión sobre los derechos de las comunidades pero también del resto de la población por la importancia que tiene la cuenca de Salinas Grandes en el abastecimiento de agua a toda la zona. La decisión que tome la Corte sentará un precedente importante. En el amicus pedimos también que se convoque a una audiencia pública para una discusión amplia sobre la protección ambiental.
El antecedente de Lhaka Honat
En nuestra presentación pedimos, además, que se tenga en cuenta la sentencia de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat en 2020. En ese fallo la Corte condenó a la Argentina por la violación del derecho al medio ambiente sano y reconoció a los pueblos indigenas como uno de los grupos que sufre mayor afectación en escenarios de deterioro ambiental, ya que “las comunidades dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos” de la naturaleza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de poner un freno al extractivismo sin control, reforzar la protección de las comunidades y su derecho a ser consultadas y fijar estándares claros de protección ambiental para todo el país.
Foto: Susi Maresca.
