En la madrugada del sábado 29 de octubre, el cabo primero de la Prefectura Naval Argentina Daniel de Jesús Acosta, de 28 años, mató a Damián Cutrera, de 41, sobre la Autopista Illia en Retiro. Aparentemente, se habría tratado de una discusión de tránsito, en la que Acosta disparó con su arma reglamentaria. En la causa interviene el fiscal Daniel Pablovsky, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53. Acosta fue detenido y se le imputará “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de fuerzas de seguridad”. La Prefectura Naval comunicó que inició un sumario interno.
Acosta estaba fuera de servicio cuando disparó su arma reglamentaria y mató a Cutrera. Así ocurre en el 80% de los casos en los que un funcionario de las fuerzas de seguridad ocasiona una muerte: según los registros del CELS, entre 1996 y el primer semestre de 2018, al menos 180 personas murieron en el Área Metropolitana de Buenos Aires en situaciones donde algún miembro de fuerzas de seguridad utilizó la fuerza letal en conflictos personales que no tenían nada que ver con su función. Muchos de estos casos son discusiones de tránsito, como ocurrió en el caso de la muerte de Cristian Toledo Medina.
Casos como estos se explican por la vigencia del estado policial, que habilita la portación del arma reglamentaria las 24 horas. Esta situación es contraria a cualquier política que pretenda reducir los niveles de violencia.
A pesar de que la mitad de estos casos fueron responsabilidad de las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, sus autoridades no consideran que esto sea un problema del que deban ocuparse. Por el contrario, a través de la Decisión Administrativa 299/2018 de marzo de este año, el Ministerio derogó el Programa Sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, creado en 2012 y que hasta ese momento funcionaba dentro de la Subsecretaría de Planeamiento y Formación. Si bien en el nuevo ordenamiento del Ministerio algunas de sus funciones fueron recogidas por otras áreas, el espíritu del Programa de establecer un control efectivo sobre el uso de la fuerza ya no se encuentra vigente. Bajo el nuevo esquema, el programa no aborda todo el universo de situaciones de empleo de uso de la fuerza por parte de los funcionarios de las policías y fuerzas de seguridad federales, como ocurría anteriormente.