La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Argentina y el impacto que tienen la crisis, la política económica y los efectos de las medidas previstas tras el acuerdo con el FMI en el acceso a los alimentos. Realizó el informe luego de su visita al país en septiembre del año pasado.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena y el CELS participamos del diálogo interactivo con la Relatora y destacamos que, solapado al ajuste estructural que atraviesa la Argentina, se intensificó la criminalización y persecución de quienes protestan. Dado este contexto, cobra más que nunca relevancia la Declaración de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de una guía que establece que los campesinos tienen derecho a la tierra, que el Estado debe limitar la concentración, garantizar el acceso y la permanencia de las familias campesinas, y diseñar políticas para que produzcan y accedan a mercados y precios justos que aseguren un ingreso y alimentación adecuada.
Del informe de la Relatora Especial destacamos:
Situación socio-económica general y pobreza
Consideraciones del informe: una mayor cantidad de personas acude a comedores comunitarios, se saltea comidas y muchos niños dependen exclusivamente de los programas escolares de alimentación para comer. La elevada inflación tiene impacto negativo entre quienes ya son vulnerables a la inseguridad alimentaria: campesinos sin tierra, trabajadores agrícolas, migrantes, pueblos indígenas, sectores urbanos más pobres, niños en edad escolar (pauperización de los alimentos que reciben en la escuela) y migrantes, excluidos del sistema de beneficios sociales como la asignación universal por hijo.
Conclusiones y recomendaciones: ante el creciente nivel de endeudamiento del Estado argentino, la Relatora recordó que la Argentina es firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese compromiso implica “que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda”. Además, “deben tomarse todas las medidas necesarias para que los medios de subsistencia, así como los derechos de las personas, no se vean afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento en los precios de los alimentos”.
Por otra parte, remarcó que “el derecho a una alimentación adecuada requiere una accesibilidad económica”. Para la Relatora Especial, el crecimiento económico de años recientes no fue inclusivo, la pobreza sigue siendo elevada en algunas partes del país y se está arraigando no sólo en las áreas rurales, sino también en los centros urbanos. Agregó que “la crisis económica reciente amenaza con profundizar esta brecha de pobreza”.
Modelo agrícola
Consideraciones del informe: altos niveles de concentración de la propiedad de la tierra, falta de diversidad del modelo agrícola, excesivamente orientado al cultivo de soja. En consecuencia, sólo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual (en 2010, la mitad de la producción estaba controlada por el 2,6 de los productores). Las políticas existentes no apuntan a revertir ese modelo, ya que se proyecta el 18% de crecimiento en la producción de soja y harina proteica durante la próxima década.
Conclusiones y recomendaciones: señaló que “la Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola productivo” y que “no debería haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población”. Sin embargo, remarcó que el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población.
Desmantelamiento de políticas de agricultura familiar
Consideraciones del informe: falta de reglamentación e implementación de la Ley de Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014; el Ministerio de Agroindustria está orientado a apoyar el modelo agroindustrial, en detrimento de la agricultura familiar, cuya área en ese ministerio perdió la mitad de sus trabajadores luego de despidos masivos.
Conclusiones y recomendaciones: Para Elver, el Gobierno debería apoyar al sector de la agricultura familiar para proteger la disponibilidad de alimentos, ya que la agricultura familiar representa el 80% de los productores del país y produce la mitad de las frutas y hortalizas que consumimos. Instó al Ministerio de Agroindustria a fortalecer los programas de apoyo a esta forma de producción de menor escala.
Semillas y plaguicidas
Consideraciones del informe: preocupación por la posible modificación de la actual ley de semillas, a partir de presiones de proveedores de semillas transgénicas como Monsanto; altos niveles de exposición de la población a alimentos contaminados por plaguicidas, falta de monitoreo y reparación de los daños que produce, que podrían constituirse en violaciones a los derechos humanos.
Conclusiones y recomendaciones: recomendó crear bancos de semillas para mantener su diversidad genética “y asegurar de que se compartan en forma justa y equitativa los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos”. Respecto de la ley de semillas, pidió que “el Estado proteja el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente”. También advirtió que parecen no existir “sistemas de monitoreo efectivos para regular la industria de los plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios”.
Pueblos indígenas
Consideraciones del informe: por la expansión de la agricultura y la presión de los empresarios, los pueblos indígenas abandonan sus tierras ancestrales. Quienes emigran hacia las ciudades suelen ser víctimas de discriminación sistemática. El desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó la disponibilidad y el acceso a las plantas, a los animales de caza y a la pesca.
Conclusiones y recomendaciones: Hilal Elver señaló que se les debe dar prioridad a los pueblos indígenas en la protección del acceso a la tierra y a su derecho a la alimentación.