El 10 de junio alegamos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal en el cuarto juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar. Solicitamos condenas a prisión perpetua para Horacio Luis Ferrari, Raúl A. Cabral, Miguel Conde, Carlos Mario Castellví, Carlos Néstor Carrillo, José Ángel Iturri, José Luis María Ocaranza y Ramón Roque Zanabria, y 6 años de prisión para Claudio Vallejos.
A lo largo de casi un año se analizaron los delitos que sufrieron 816 personas en su paso por la ESMA, para evaluar las responsabilidades penales que les caben a los imputados. Los nueve llegaron al final del debate oral con un cúmulo de pruebas significativo como para pedir a los jueces condenas por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, violaciones y sustracción de niños y niñas.
Esos crímenes fueron cometidos cuando integraron el Grupo de Tareas 3.3.2. con base operativa en uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura cívico-militar. Castellví, Ferrari y Ocaranza eran oficiales de la Armada, mientras que Zanabria, Carrillo e Iturri eran cabos de esa misma fuerza. Vallejos era oficial del Batallón de Infantería de Marina N° 3. Conde actuaba como “enlace” en la ESMA a partir de sus tareas como Personal Civil de Inteligencia del Ejército y Cabral también actuaba como “enlace”, como agente de la Policía Federal Argentina.
Cada juicio reafirma los compromisos fundantes de la democracia en contra de la impunidad y el valor que tienen los derechos humanos en la Argentina. Sin embargo, los futuros procesos deben avanzar más rápido. En esta causa, dos imputados murieron sin veredicto: Aníbal Roberto Colquhoun y Néstor Eduardo Tauro.
Muchos de los nombres escuchados en ESMA IV habían sido ya identificados por las y los sobrevivientes en la década de 1980. Es decir, desde hace años hay verdad, hay memoria, pero recién 43 años después de los hechos tendremos justicia. La sentencia, además, no puede obviar que tanto el debate como la documentación evidenciaron que todavía hay centenares de represores que se refugian en el silencio y la impunidad. Sobre ellos –entre quienes se encuentran civiles como clérigos, empresarios, jueces– no avanzaron las investigaciones.
En este juicio se demostró también el valor del trabajo de relevamiento de documentación en archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; una tarea actualmente desmerecida y desarticulada. Gracias a esas investigaciones se pudieron individualizar a personas involucradas con las violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante que la sentencia también exhorte a todos los poderes del Estado a estar a la altura del proceso de memoria, verdad y justicia iniciado desde las primeras denuncias en dictadura.
Dentro de los casos que representa el CELS están los secuestros y desapariciones del grupo de la Villa del Bajo Flores, en el que estaba Mónica Mignone, hija de Emilio y Chela, fundadores del CELS. También representamos a las familias de Ariel Ferrari, Alcira Fidalgo, Sergio, Hugo y Betina Tarnopolsky, Blanca Edelberg, Laura Del Duca, Pablo Lepíscopo y Fernando Brodsky, de Graciela García, Marta Álvarez y actuamos como organismo de derechos humanos.
Además, alegamos en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Isabel Cerrutti, Marina Girondo, Victoria Grigera Dupuy, Camilo y Javier Juárez (integrantes de HIJOS), y de los querellantes patrocinados por la abogada Alcira Ríos y el abogado Pablo Llonto.
*Foto: CONADEP