Los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio

El colectivo travesti y trans vio agravado su acceso ya precario a la vivienda, el alimento, la salud y el trabajo, a partir de las medidas de prevención del Covid-19. Es necesaria una integralidad en las políticas públicas, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años. Comunicado conjunto con el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis.

Como ocurre con todo el sector de la economía popular, el colectivo travesti y trans vio agravadas sus condiciones de vulnerabilidad habitacional, alimentaria, sanitaria y económica, a partir de las acciones de prevención del contagio del Covid-19. No hay datos oficiales de cuántas personas trans viven en la Argentina, pero sabemos que más de 9 mil hicieron el cambio de DNI y que hay una cantidad numerosa que no lo cambió por distintos motivos: no estar de acuerdo con la propuesta binaria masculino/femenino, temor a mayor saña en las detenciones policiales, desinterés u obstáculos en los trámites, sobre todo en el caso de migrantes.

De la La Revolución de las Mariposas se desprende que sólo el 9% de población travesti y trans está inserto en el mercado formal de trabajo y que es altísimo el porcentaje que nunca accedió siquiera a una entrevista laboral. El trabajo sexual o la situación de prostitución, la actividad más extendida, no puede realizarse en contexto de cuarentena. La ley de cupo laboral travesti y trans vigente en la provincia de Buenos Aires no se implementa. Varios proyectos en la misma línea permanecen en el Congreso desde hace años. En otras palabras, las trabajadoras sexuales y quienes se perciben en situación de prostitución no cuentan con políticas integrales que las contemplen. Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentra sin ingresos y vive en la pobreza. La situación es crítica

Emergencia habitacional
En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 180 hoteles familiares declarados, pero hay muchos más sin declararse, incluidos los hoteles alojamientos que funcionan como vivienda. Unos y otros ofrecen condiciones de habitabilidad precaria: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad.  El costo base de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, es de 800 pesos diarios. Un departamento en alquiler para vivienda es mucho más barato, pero se vuelve inaccesibles por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o les dueñes rechazan el contrato a personas travestis y trans. La situación se agrava para las migrantes.

A pesar del decreto que prohíbe los desalojos, hubo numerosos casos de desalojos efectivos, amenazas y hostigamiento de dueñes de hoteles o violencia física para concretarlos. En ocasiones se retuvo el DNI o pasaporte de les inquilines. En la Ciudad de Buenos Aires, la política de subsidio habitacional, que podría ser una solución, se vuelve inaccesible porque requiere como respaldo un recibo de alquiler que la mayoría de las viviendas colectivas, no habilitadas, no provee. En el resto del país no hay subsidio habitacional.

El caso del Hotel Saavedra, en el barrio de Balvanera, mostró esta complejidad: durante la situación de aislamiento obligatorio, su dueño amenazó con echar a ocho personas travestis y trans si no pagaban y quiso obligarlas a trabajar, a pesar del riesgo para su salud. Esta situación es extrapolable a otros contextos habitacionales

Alimentación
La situación del colectivo travesti y trans es de discriminación estructural, que puede verse en distintos derechos humanos violados, los económicos y sociales entre ellos. La crisis desatada por la pandemia obligó a reforzar el despliegue del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires para llegar a esa población. Sin embargo, no alcanza y debe articularse con el trabajo de las organizaciones sociales. La llegada al territorio y la asistencia en la emergencia corre por cuenta de estas últimas, que además reciben donaciones y distribuyen alimentos.

La emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 dejó al descubierto enormes sectores de la población que viven al día. Para las personas travestis y trans, la falta de políticas integrales de inclusión o regularización laboral significa hoy no tener acceso a la alimentación por sus propios medios y estar en una situación acuciante.  

Salud
Las restricciones en el acceso a la salud se vinculan de manera central con un sistema de atención médica binaria y transexcluyente. Para el colectivo trans la falta de una formación como la que proveería la Ley Micaela en los centros de salud se constata en lo cotidiano.

Personas usuarias de los servicios de salud denunciaron la falta de médiques formades en salud integral y transicional en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, como Morón y La Matanza. Muchas veces hay solo une profesional de la salud que atiende personas de distintas localidades. La falta de atención médica especializada repercute en la interrupción de tratamientos. También hay denuncias sobre faltante de insumos como hormonas para las masculinidades trans

En otras situaciones, el acceso a la salud está ligado a la circulación geográfica. Muchos municipios cerraron sus vías de acceso y las controlan con personal policial. Así, la población trans platense que va a tratarse a Ensenada debe pasar distintas barreras. Recibimos denuncias de jóvenes que fueron obligades a bajar del transporte público y volver a sus casas, y perdieron su turno médico.

Violencia institucional
Durante la pandemia se acumularon los casos de hostigamiento policial hacia la población travesti y trans. Hubo denuncias de detenciones  por “violación de cuarentena” a personas trans que se encontraban en la puerta del hotel donde vivían. También hubo acoso por parte de policías a quienes salieron a hacer compras en su barrio: con personas cis alrededor en la misma situación, el foco de las fuerzas de seguridad estuvo puesto en las personas trans, cuya identidad autopercibida tampoco se respetó, en violación de la Ley de Identidad de Género

En la provincia de Jujuy, una joven trans de 19 años fue detenida por cuatro policías con la excusa de las medidas de prevención a la pandemia. Denunció haber sido abusada y liberada al día siguiente.

En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, según los últimos datos disponibles, el 71% de las travestis y trans detenides no tienen condena y, a pesar de esa situación irregular en este contexto de demanda de aislamiento, no acceden a una prisión domiciliaria. Distintas organizaciones hicimos pedidos de hábeas corpus colectivos. Frente al Covid-19, la crisis que arrastra el sistema de encierro provincial se agudizó. El impacto sobre la población travesti y trans repercute en su salud y en la violencia sobre sus cuerpos. Por otra parte, la gran mayoría de las personas trans detenidas en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal están detenidas por delitos menores.

Desde el complejo penitenciario de Ezeiza le escribieron al presidente una carta abierta en la que relataron que, a pesar de ser población de riesgo y de necesitar distintos tratamientos para su salud, no reciben ningún cuidado médico y les niegan las excarcelaciones. Muchas de ellas llevan años en prisión preventiva.

Es necesaria una integralidad en las políticas públicas hacia la población travesti y trans, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años, tanto en contexto de pandemia, como después de ella.

Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS