El 11 de enero de 2017 la policía de Chubut reprimió a la Comunidad Lof Cushamen en un operativo que provocó heridos de gravedad, con impactos de bala de goma en la cara y en la cabeza. Miembros de la comunidad mapuche denunciaron el accionar policial y ahora, finalmente, la Cámara Penal de Chubut confirmó la condena al jefe de infantería de la policía provincial, Javier Solorza, por abuso de autoridad.
Aquel día, Solorza ordenó a un gran número de efectivos que dispararan sin motivo y a corta distancia a miembros de la comunidad mapuche. Uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo que lo dejó internado en terapia intensiva y secuelas permanentes en su capacidad de oír y hablar.
La sentencia de Cámara es importante porque remarcó que se trató de un ataque armado irracional, irreflexivo y desproporcionado que generó daños y riesgos altísimos para la vida, la integridad física y psíquica de las y los miembros de la comunidad. El fallo también señaló que la policía violó las reglas sobre uso de la fuerza previstas en las leyes provinciales e internacionales.
Entre las agravantes de la sentencia se consideraron las secuelas físicas y psíquicas que provocaron en las y los miembros de la Comunidad y su vulnerabilidad por las sucesivas intervenciones violentas y represivas por parte del Estado durante aquellas épocas.
Otro punto relevante fue el trato que el sistema judicial le dio a la comunidad indígena: pusieron en valor su palabra y se demostró que las víctimas decían la verdad mientras que la versión de Solorza sobre un ataque generalizado contra la policía era insostenible.
En el proceso, la abogada Sonia Ivanoff representó a las víctimas y desde el CELS intervenimos como testigos expertos en relación a los estándares del uso de la fuerza.
La represión del 11 de enero se sumó a otras dos encabezadas por Gendarmería el día anterior. Los tres operativos se produjeron sin respetar los estándares de uso legítimo de la fuerza en protestas o desalojos poniendo en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la comunidad.
Meses después de estos hechos, en agosto de 2017, Gendarmería ingresó a ese mismo predio y desplegó un operativo desproporcionado y violento que llevó a la muerte de Santiago Maldonado, mientras escapaba del ataque armado.
El conflicto es por la recuperación de tierras cuya propiedad se disputan la Compañía de Tierras del Sur Argentino, es decir la trasnacional Benetton, y la Comunidad de Resistencia Mapuche de Cushamen.