Tras seis meses de diálogo, el Estado se comprometió a reconocer como lugar sagrado el rewe de la comunidad Lafken Winkul Mapu ubicado en tierras que reivindican ancestrales, cerca de Villa Mascardi, en Río Negro. Ahora, la machi, guía espiritual del pueblo mapuche, podrá regresar. La comunidad aceptó ser reubicada en otras tierras, que deben cumplir con las condiciones de ser aptas y suficientes como lo exige la Constitución Nacional.
Se avanzó a este acuerdo después de que, en octubre de 2022, fuerzas federales desalojaran con violencia a la comunidad que había realizado una recuperación territorial en esas tierras cinco años antes. En ese operativo fueron detenidas siete mujeres, de las cuales cuatro aún están con prisión domiciliaria. Se las acusa de usurpación, un delito que es excarcelable. Sin embargo, la Justicia Federal negó sistemáticamente los pedidos de liberación de las mujeres.
Semanas después del operativo violento, autoridades del pueblo mapuche solicitaron la instalación de una mesa para resolver el conflicto mediante el diálogo. La mesa comenzó a funcionar en diciembre de 2022 y sufrió enormes dilaciones producto de la poca voluntad política de algunos sectores del Gobierno nacional y del gobierno de Río Negro.
Con el acuerdo que se firmó en la ex Esma ya entrada la noche del 1 de junio, el Estado también se comprometió a tener presencia en el territorio de una manera no represiva. Esto es un avance para gestionar los conflictos y los reclamos de la comunidad. Además, al implementarse una solución política, la justicia penal deberá correrse de la gestión del conflicto y las mujeres que están detenidas desde hace ocho meses tendrán que ser liberadas.
El acuerdo es un paso adelante en el reconocimiento de la identidad y de los derechos culturales del pueblo mapuche, lo que demuestra que cuando existe voluntad política por parte del Gobierno nacional, las mesas de diálogo son mecanismos que cumplen un rol central para reducir escenarios de violencia.
Existen leyes vigentes para encauzar las demandas de los pueblos indígenas, pero su aplicación suele demorarse o directamente no aplicarse por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras. Que el Estado cumpla con las leyes y los compromisos internacionales que asumió sería un primer gran paso para dar respuesta a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y desescalar los conflictos.