Miguel Bru tenía 23 años, era músico y estudiaba en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. El 17 de agosto de 1993 desapareció. A pesar del encubrimiento y la complicidad del poder judicial y policial, se pudo comprobar que Miguel fue secuestrado por policías bonaerenses de la Comisaría 9°, quienes lo torturaron, lo asesinaron e hicieron desaparecer su cuerpo. Treinta años después, el cuerpo de Miguel sigue sin aparecer. Lo que ocurrió con Miguel visibilizó las prácticas de la Bonaerense y fue fundacional del movimiento antirrepresivo y contra la violencia policial en democracia.
Miguel vivía y ensayaba en una casa que fue allanada ilegalmente dos veces por policías de la Comisaría 9°, con el argumento de ruidos molestos. Miguel denunció esos allanamientos y a partir de ese momento comenzó a ser hostigado. Efectivos de esa seccional lo perseguían y amenazaban de muerte.
El 17 de agosto Miguel salió de su casa rumbo a Magdalena y nunca más lo volvieron a ver. Rosa, su mamá, recorrió comisarías pero en ninguna le tomaron la denuncia ni tampoco lo buscaron. De inmediato, la familia de Miguel, amigues y compañeres de Periodismo se movilizaron y denunciaron la desaparición en los medios. Las marchas que reclamaban su aparición fueron multitudinarias.
Esa lucha abrió el camino a la verdad: detenidos en la Comisaría 9° confirmaron que Miguel había sido ingresado a la seccional el 17 a la noche, y allí había sido golpeado y torturado hasta la muerte. En aquel momento, los métodos relatados por los detenidos remitían a la dictadura. Habían pasado pocos años desde la recuperación democrática y las fuerzas policiales aún estaban integradas por efectivos formados y activos durante el gobierno militar. En los años posteriores supimos que hacer desaparecer cuerpos para borrar las evidencias de la violencia extrema es una práctica policial que existe también en democracia.
La búsqueda de Rosa encontró en la investigación judicial un enorme obstáculo. El juez de la causa, Amilcar Vara, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la acción de los efectivos de la Bonaerense. Muchos años después, sería enjuiciado y destituido por haber encubierto a los asesinos de Miguel.
Los policías Justo José López y Walter Abrigo fueron condenados en 1999 a prisión perpetua, acusados de privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte. El comisario Juan Domingo Ojeda y el oficial Ramón Cerecetto fueron condenados por encubrimiento.
La incapacidad del Estado argentino para buscar personas desaparecidas también se volvió evidente en las décadas siguientes. Aún hoy, con tecnologías y capacidades de vigilancia muy superiores a las de 1993, seguimos sin poder encontrar ni saber qué les pasó a muchas otras personas, como Miguel, Julio López o Tehuel de la Torre.