A seis años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado

El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.

El 1 de agosto de 2017, comunidades mapuche de la Patagonia cortaban la ruta 40 en protesta por la persecución de los gobiernos provincial y nacional de entonces contra quienes protagonizaban las luchas por sus tierras ancestrales.

Ese día, hubo una orden de avanzar contra los manifestantes a como diera lugar. La Gendarmería Nacional ingresó en el territorio habitado por la Pu Lof, persiguió a los hombres que cortaban la ruta, quemó las pertenencias de las familias, las amenazó. Cuando el operativo terminó, Santiago Maldonado había desaparecido.

Desde el primer momento, el gobierno nacional y la entonces ministra Patricia Bulrrich redoblaron la apuesta: negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias. Y aprovecharon para profundizar su estrategia de demonizar a las comunidades mapuche que luchan por sus tierras en la Patagonia.

Setenta y siete días después, Santiago fue encontrado muerto en el río Chubut. Otra vez, el hecho fue utilizado por el gobierno nacional y la entonces ministra para atacar a quienes habían denunciado la desaparición. Mientras eso sucedía a través de los medios de comunicación, la investigación judicial ya mostraba las enormes deficiencias que nos condujeron a la situación actual: seis años después, prácticamente no se ha avanzado nada en determinar las responsabilidades políticas y operativas del operativo violento contra la comunidad Pu Lof, en el marco del cual Santiago Maldonado perdió la vida.

Esto es así a pesar de los informes, tanto de la Procuvin, como del ministerio de Seguridad del actual gobierno, que da cuenta de la gran cantidad de irregularidades que hubo en el operativo. Es así, a pesar de que siempre estuvo claro que la decisión de dar rienda suelta a las fuerzas de seguridad no fue una circunstancia fortuita sino que integró una política explícita de aquel gobierno de reprimir las protestas de las comunidades mapuche, como quedó tristemente claro con el asesinato, pocos días después de Rafael Nahuel, sobre el que todavía tampoco hubo justicia.