La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para resolver sobre el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de altos funcionarios de la AFI en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan. Para que se revierta esa decisión de la Cámara Federal de Apelaciones nos presentamos como amicus curiae junto con Inecip.
“Las acciones de inteligencia desplegadas fueron hechas para obtener datos personales e información de los familiares que reclamaban al Estado por el hundimiento del submarino”, señaló la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, frente a los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. “En su fallo, la cámara federal convalidó el seguimiento de personas que ejercieron derechos garantizados en la Constitución. Esas acciones no fueron para monitorear riesgos para la seguridad presidencial, ni para la defensa nacional, seguridad nacional o seguridad interior”, continuó su exposición.
“Por el contrario, estas acciones implicaron una fuerte revictimización para los familiares. También, una clara estigmatización por la acusación implícita de que podían ser peligrosos. Los sobreseimientos dictados por la Cámara convalidan y habilitan que en el futuro el Estado utilice herramientas de vigilancia excepcionales a su antojo y será un mensaje de claro debilitamiento del control judicial de esas actividades”.
Estos planteos fueron también desarrollados por las querellas de los familiares de los marinos Tagliapietra, Carreras y Berges, que reclamaron que la justicia avance con la investigación del espionaje ilegal y del hundimiento del submarino.
Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani
El año pasado la Cámara Federal de Apelaciones sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y a toda la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, tres ex directores, un ex jefe de base y seis agentes). En su fallo sostuvo que el seguimiento y las tareas de inteligencia que hicieron sobre las familias que protestaban por la desaparición del submarino no fue ilegal ya que estaba involucrada la seguridad presidencial.
El fallo puede tener consecuencias graves sobre el derecho a la protesta: los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron que el seguimiento, las fotografías y los informes sobre les familiares existieron, pero resolvieron que no cometieron delitos porque estaban amparados por la ley nacional de inteligencia. De esta manera, la Cámara Federal habilitó a la AFI a realizar seguimientos sobre cualquiera que pretenda afectar la rutina presidencial con reclamos, protestas o peticiones.
La Ley de Inteligencia Nacional fue uno de los acuerdos clave de la transición democrática. Este acuerdo político transversal del 2001 prohibió que la exSIDE (hoy AFI) esté habilitada para hacer inteligencia política. Es claro que en estas décadas esta prohibición fue violada sistemáticamente. Pero este dato debe comprometer a que las autoridades judiciales controlen a los organismos de inteligencia con mayor fuerza y no que convaliden con fallos escandalosos las acciones de inteligencia ilegales que además en este caso quedaron en evidencia.
Foto: Télam