Veintitrés organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de derechos humanos derivadas del incremento del uso de armas menos letales en manifestaciones públicas por parte de las fuerzas de seguridad.
Durante la audiencia, que se realizó el 9 de noviembre en Washington, Estados Unidos, planteamos la preocupación por la utilización de armamento como los proyectiles de impacto cinético y los cartuchos de gas lacrimógeno. Algunas de estas armas disparan múltiples proyectiles simultáneamente, por lo cual resulta inevitable que sus efectos sean indiscriminados. Otras tienen componentes metálicos que pueden producir un daño irreparable. En ambos casos, son inadecuadas para su uso en el control de multitudes. El mal uso de este armamento, documentado en toda la región, genera lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso en algunos casos la muerte.
En América, varios países experimentaron en estos años manifestaciones masivas y estallidos sociales producto de conflictos profundos y de larga data, agravados en algunos casos por los efectos de la pandemia de Covid-19. Los hechos más graves se registraron en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina entre 2019 y 2023.
En estos y otros casos se han empleado distintos tipos de armamento “menos letal” como respuesta primaria de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones. Este uso de la fuerza, que socava el derecho a la protesta, es además contraproducente para el desescalamiento de los conflictos.
El argumento principal para justificar la extensión del uso de estas armas radica en que en que proporcionan a los efectivos de la fuerza pública alternativas al uso de armas de fuego. Si bien esto es verdad, estas armas vienen siendo utilizadas de manera indiscriminada y desproporcionada, sin protocolos ni normativa específica, lo que las transforma en altamente lesivas e incluso letales.
Las innovaciones en esta industria presentan preocupaciones específicas sobre la falta de regulación en la producción, el comercio y el uso de este armamento, en especial en contextos de protestas. Aún así, los dispositivos siguen siendo utilizados sin marco regulatorio y bajo una falta de transparencia preocupante.
Por otra parte, existen en toda la región grandes dificultades para acceder a la justicia por parte de las víctimas del uso de la fuerza policial, la falta de atención integral y reparación a quienes sufrieron las consecuencias de estas armas, y la casi nula promoción de regulaciones y mecanismos de control.Las consecuencias de su uso irregular pueden observarse en diversos países. En el caso de Argentina, el ejemplo más reciente de estas prácticas se evidenció durante las protestas en 2023 por la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, en las que el joven Mijael Lamas perdió la vista por recibir un disparo de bala de goma durante la represión y al menos otras dos personas recibieron heridas en los ojos.