La Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, libre e informada, que obliga a la provincia a aplicar un protocolo de consulta a las comunidades indígenas antes de avanzar con proyectos que pudieran afectarlas. El texto fue impulsado por las comunidades mapuche y fue consensuado con el gobierno provincial, como parte de una mesa de trabajo conjunta.
Se trata de un paso histórico por ser la primera ley de consulta previa aprobada en el país y un ejemplo de articulación virtuosa entre autoridades públicas y comunidades indígenas. Además, es un avance en el cumplimiento del fallo Lhaka Honhat, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a la Argentina a garantizarla por ley.
La conflictividad entre las comunidades indígenas y el desarrollo de industrias extractivas está creciendo en todo el país. En la región de Vaca Muerta, en Neuquén, viven 25 comunidades mapuche desde hace generaciones. Ellas denuncian que la industria hidrocarburífera contaminó los ríos y la tierra, generó sequías y que provoca movimientos sísmicos por las explosiones bajo tierra del fracking. En Jujuy, desde junio de este 2023, las comunidades de toda la provincia cortaron rutas y se manifestaron en contra de una reforma constitucional inconsulta que afectaba sus derechos. En esa provincia, desde hace años, empresas ligadas a la industria del litio avanzan sobre territorios comunitarios. Las comunidades denuncian que afectan la disponibilidad de agua potable y amenazan la posibilidad de poder seguir viviendo en el lugar. Mientras que, en Río Negro, siete comunidades mapuche iniciaron una acción de amparo porque una empresa minera comenzó actividades de exploración en su territorio, sin ningún tipo de consulta ni aviso previo. El Poder Judicial les dio la razón en las dos primeras instancias y obligó al gobierno rionegrino a establecer un mecanismo de consulta a las comunidades afectadas. Pero la provincia apeló ambas instancias y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia revocó el amparo.
En Argentina el marco normativo reconoce a las comunidades indígenas el derecho a poseer y ser propietarias de sus territorios y, también, a ser consultadas ante decisiones que las afecten. Sin embargo, muchas de las comunidades enfrentan de manera permanente avances inconsultos sobre sus territorios que amenazan sus modos de vida, con frecuencia con connivencia o apoyo explícito por parte de los gobiernos y el poder judicial de cada provincia. Además, la mayoría no tiene un reconocimiento jurídico respecto de la posesión de los territorios donde habitan desde hace generaciones y se encuentran en una situación de mucha fragilidad para defenderse de estos avances.
En 2006 se aprobó la ley 26160, que establece la obligatoriedad de relevar todos los territorios de los pueblos indígenas del país. Pero, 17 años después, aún más de la mitad de las comunidades no tienen su territorio relevado. Por otro lado, tampoco se ha aprobado una ley que permita hacer efectivo el derecho a la “propiedad comunitaria”, reconocido en el texto de la Constitución Nacional.
A 40 años de democracia y casi tres décadas del reconocimiento constitucional a la preexistencia de los pueblos indígenas, una política efectiva de reconocimiento y garantía de sus derechos sigue siendo una cuenta pendiente.