Pierina Nochetti es activista lesbiana, integra la organización de la Marcha del Orgullo en Necochea y allí es vestuarista en la Escuela Municipal de Artes. Hace dos años le iniciaron una causa penal luego de que un medio local publicara una fotografía de tres personas de espaldas que pintaban un mural con la leyenda: “¿Dónde está Tehuel?”, en referencia al joven trans desaparecido. Una funcionaria acusó a Pierina por daño agravado a un edificio público y la causa fue elevada a juicio con la imagen como única prueba. Esa denuncia alcanzó también para que la municipalidad la suspendiera por diez días, la trasladara, la bajara de categoría y de esa manera afectara sus ingresos. Por todas estas razones, junto a organizaciones de la región nos presentamos como amicus curiae ante el tribunal que la juzgará y enviamos un informe ante los relatorías especializadas de Naciones Unidas.
Desde 2017 Pierina trabaja en la Municipalidad de Necochea como tallerista. También es una referente de la comunidad LGTBIQ+ e impulsora de una gran cantidad de actividades sexo-disidentes. Desde el cambio de gestión municipal en 2019 comenzó un fuerte hostigamiento laboral contra ella que incluyó desplazamientos de los lugares donde trabajaba y degradación en el escalafón. A partir de febrero de 2022, cuando se le inició un sumario administrativo por la pintada, a esos maltratos se le sumó una sanción por 10 días sin goce de sueldo.
Tras la denuncia penal realizada por una funcionaria jerárquica de la municipalidad y el impulso del proceso por parte de otras funcionarias del municipio, la causa de Pierina fue elevada a juicio. El debate oral se fijó primero para el 7 de febrero de 2023 y ese mismo día se suspendió y pasó a una nueva fecha, un año después, marzo de 2024. Ahora el juicio fue postergado de forma injustificada por segunda vez. Pierina lleva casi dos años sujeta a un proceso de criminalización que tiene consecuencias cotidianas en su vida social, laboral y política.
Junto con la Red de Litigantes LGBTI de las Américas y las organizaciones Observatorio Ciudadano de Chile, Terra de Direitos de Brasil, el COFADEH de Honduras y Temblores ONG e Ilex-Acción Jurídica de Colombia nos presentamos como amicus curiae en la causa. En la presentación sostuvimos que lo que ocurre con Pierina es una forma de criminalización de los derechos de protesta, de libertad de expresión y de la labor de mujeres y personas LGBTIQ+ por su activismo en la defensa de los derechos humanos.
Es completamente irrazonable que el proceso haya avanzado hacia un juicio. Es un uso indebido del sistema penal y va contra las obligaciones que el Estado argentino asumió internacionalmente de proteger los derechos que se están vulnerando.
También presentamos junto con INECIP una nota ante tres relatores de la ONU -sobre Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, sobre Libertad de opinión y de expresión y sobre la Situación de los defensores de derechos humanos. Les pedimos que soliciten información al Estado argentino sobre el proceso judicial y que recomienden el cese a la persecución penal en contra de Pierina.
Otros casos de activistas judicializadas
También en 2022, pero en San Juan, cuatro activistas feministas fueron judicializadas con la figura de “daño agravado”, acusadas de pintar una leyenda en el contexto de la marcha por el 8 de marzo en el frente de una escuela pública. La denuncia y la acusación hacían valoraciones sobre el contenido político y “feminista” del mensaje pintado, en la pared de una escuela con todo tipo de grafitis. Para identificarlas, la policía sanjuanina realizó un rastreo en redes sociales de organizaciones comprometidas con las reivindicaciones de la manifestación. Tres de ellas fueron sobreseídas y una espera una resolución respecto de su situación procesal, ya que su procesamiento fue anulado por la Cámara Penal de la provincia. Por estos hechos , en 2023 el Poder Judicial de San Juan declaró que la persecución penal en contra de una activista feminista por el delito de daño agravado, impulsada por un funcionario provincial, constituía una forma de violencia política por razones de género. En el caso, la jueza hizo lugar a una acción judicial interpuesta por un colectivo de mujeres y personas LGBTI de la provincia. Desde el CELS y la organización mendocina XUMEK presentamos un escrito en la causa como amicus curiae.