Los dos proyectos de ley que va a tratar el Senado de manera inminente permiten ver la propuesta política del gobierno: un esquema que traslada la renta extraída de una sociedad empobrecida hacia los sectores económicos que concentran la riqueza. Se trata de una reforma legal que consagra la desigualdad social. De un lado, beneficios para las grandes corporaciones -nacionales y extranjeras- y, del otro, perjuicios para quienes dependen de sus ingresos en pesos, especialmente la población trabajadora y jubilada.
Ambos proyectos son complementarios. La reforma fiscal reduce el impuesto a los bienes personales para el decil más rico del país y habilita procedimientos débiles para el blanqueo de capitales. Mientras tanto, restablece el impuesto a las ganancias para los sectores medios -golpeados ya por la licuación de los salarios, el aumento de alimentos y de las prepagas-, anula la moratoria previsional que permitía la jubilación de 8 de cada 10 personas y elimina el monotributo social, que hacía posible que trabajadores de muy bajos ingresos pudieran facturar, hacer aportes previsionales y contar con la cobertura de una obra social. Esto último, en Bases, donde además se promueve la tercerización laboral sin control alguno y elimina cualquier responsabilidad de quienes manejan los procesos productivos de bienes y servicios en la Argentina.
El proyecto pide delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo, luego de la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. A pesar del recorte de facultades respecto de la versión anterior del proyecto, el Ejecutivo sigue reclamando el poder de gobernar por decreto.
Insistimos en que las facultades extraordinarias fueron pensadas por el constituyente para situaciones de emergencia. En este caso la delegación se realiza sobre cuestiones que hacen a la estructura del país y sobre las que se busca hacer modificaciones perdurables, con un impacto social, humano, enorme.
Moratoria previsional
A nivel previsional, el proyecto pretende derogar la Ley 27.705, Plan de Pagos de Deuda Previsional, conocida como moratoria. La ley permite que las personas que no alcancen los 30 años de aportes tengan una modalidad de pago en cuotas para completar los años que les faltan y poder así recibir la jubilación. Esta ley posibilita el acceso a la jubilación a trabajadoras y trabajadores informalizados, que entraron y salieron del empleo formal a raíz de distintas crisis económicas, a quienes trabajaron en la informalidad, como la mayoría de las trabajadoras de casas particulares, y a quienes hacían y hacen trabajos de cuidado no remunerados pero que tienen valor económico, como las amas de casa. Esta política llevó seguridad financiera a las personas mayores.
Al momento de la sanción de esta ley, a principios de 2023, se estimó que permitiría la jubilación de 800.000 personas. A octubre de 2023, 350.000 iniciaron su trámite, en su mayoría mujeres. De ellas, más del 90% acreditó años por tareas de cuidado, lo que demuestra que se trata de una herramienta clave en términos de igualdad de género.
Si se deroga, quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse solo van a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es un 80% de la jubilación mínima. En mayo, el monto de la PUAM se fijó en $152.113,28 y el de la jubilación mínima en $190.141,60, montos alejados de los ingresos necesarios para no ser pobre de acuerdo al INDEC ($690.900 en febrero). Quienes cobran la jubilación mínima se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza. El proyecto propone que la mayoría de los futuros jubilados y jubiladas cobren aún menos. Además, hay un bache para las mujeres entre 60 y 65, ya que de derogarse la moratoria quienes tengan 60 no podrán jubilarse y deberán esperar cinco años para acceder a la PUAM. Se trata de 246.000 mujeres en esa situación.
La moratoria previsional y el reconocimiento previsional del cuidado fueron las políticas señaladas como las culpables de la “insostenibilidad del sistema previsional argentino”. Sin embargo, son políticas integrales que reconocen la situación laboral real en la Argentina, donde al menos el 30% de quienes trabajan lo hacen sin contribuir al sistema previsional. Es decir que la moratoria venía a reparar una negligencia previa del Estado, por falta de controles, por políticas fallidas, por indiferencia.
Los cuidados aportan a la sostenibilidad de la vida de todos los sectores sociales. Muchos se benefician al contratar servicios de cuidados para sostener sus propios ingresos. En Argentina más de un millón de mujeres son trabajadoras de casas particulares. De ellas, el 25% está regularizado. Además, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad de jubilarse tienen 30 años de aportes.
El fin de la moratoria es parte del acuerdo con el FMI, tal como muestra el informe país publicado luego de la séptima revisión del acuerdo, en enero de este año. En la práctica, terminar con esta política por pedido del FMI tiene consecuencias gravísimas para las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores de bajos ingresos y en la economía informal.
En paralelo, el proyecto prevé modificaciones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para flexibilizar las pautas para invertir sus activos. Esto habilitaría la inversión en activos riesgosos, lo que pondría en peligro la sostenibilidad del fondo y por lo tanto, de las jubilaciones de millones de personas.
Medidas fiscales y regularización de activos
El proyecto de reforma fiscal plantea una estructura tributaria más regresiva, es decir, donde pagan más quienes menos tienen. Como dijimos, castiga a los trabajadores al restablecer el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, al subir los montos del monotributo y al eliminar el monotributo social, que alcanza a 620 mil personas.
La contracara de esa presión sobre los sectores más débiles de la economía es que el proyecto baja drásticamente las alícuotas del impuesto a los bienes personales, el impuesto más progresivo que existe en el país porque tributa sobre la riqueza patrimonial. Hoy alcanza sólo al 1% más rico de la población. No solamente reduce las alícuotas, sino que cuadruplica el mínimo no imponible, por lo que quedan fuera del pago de este impuesto muchas personas con patrimonios grandes. Además, crea un Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). Quienes adhieran a este régimen gozarán de estabilidad fiscal: tendrán el beneficio de no tener aumentos en impuestos patrimoniales hasta el 2038.
Al mismo tiempo, el proyecto propone un “blanqueo” de capitales, es decir, el ingreso al sistema bancario de capitales cuyo origen es opaco. Se trata de la amnistía fiscal más generosa de la historia de Argentina. Los fondos hasta 100 mil dólares que ingresen al sistema no pagarán alícuota. Para cifras superiores a ese monto, la alícuota será progresiva, entre el 5 y el 15%. Quienes “blanqueen” su dinero tendrán beneficios como no ser indagados por “delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren”. Además, se habilita el blanqueo para personas que se mudaron a otros países con beneficios fiscales para no pagar impuestos en Argentina y para personas que fueron funcionarias hasta 2019.
Estas medidas facilitan la circulación de dinero proveniente de economías ilegales y en este sentido se presentan como plataforma de posibilidad para la proliferación de organizaciones criminales. Es imposible no alarmarse con una propuesta de este estilo cuando vemos el crecimiento y el enriquecimiento alcanzado por las organizaciones criminales vinculadas, por ejemplo, al comercio de drogas en la región. En nuestro país, la crisis que atraviesa Rosario reclama una estrategia seria e integral en donde el control de los sistemas financieros resulta fundamental para impedir el empoderamiento de las bandas criminales y para bajar la rentabilidad de estos mercados.
En resumen, la reforma fiscal que proponen tiene como resultado que quienes cuentan con mayor capacidad contributiva paguen menos y reciban beneficios, mientras que se aumenta la carga impositiva sobre el universo de los trabajadores.
Esta distribución desigual de la carga tributaria empeora aún más si se tiene en cuenta la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en el proyecto de ley bases, que contempla exenciones impositivas en el pago del impuesto a las ganancias y del IVA a empresas que realicen grandes inversiones en el país.
Nuestra Constitución Nacional establece la igualdad en las cargas públicas, pero el patrón de recaudación actual y el que se propone en este proyecto hará que el mayor peso impositivo recaiga en los sectores medios y bajos.
Empleo y trabajadores sin derechos
El proyecto flexibiliza el mercado laboral a costa de restar derechos y reducir la protección social de las y los trabajadores en contra de los principios constitucionales de protección del trabajo. Además, le quita jerarquía a la importancia del empleo registrado, al habilitar la reducción de costos para el empleador que incumpla con la obligación de registrar. Introduce también una figura novedosa: la del “trabajador independiente”, que puede ser monotributista y tener a su vez contratadas a cinco personas, sin relación de dependencia. Si una empresa subcontrata, dejará de ser considerada empleadora. Esto va a precarizar aún más la vida laboral de las y los trabajadores, que quedarán sujetos a una mayor rotación, incertidumbre sobre quién los contrata y dará lugar a supuestos de fraude laboral.
Por otra parte, organizar, discutir y participar en acciones colectivas en los lugares de trabajo podría dar lugar a sanciones, como despidos o descuentos. Si ocurriese un despido discriminatorio por la acción o actividad sindical de las y los trabajadores, el proyecto elimina la obligación de recontratarles, tal como establece la ley federal antidiscriminatoria y la jurisprudencia. En el mejor de los casos tendrán derecho a una indemnización agravada. La protección contra los despidos discriminatorios por acción y/o actividad sindical está pensada como una herramienta en contra de prácticas de grandes empresas.
La supuesta promoción del empleo registrado para el sector privado implica múltiples beneficios para los empleadores a la hora de regularizar relaciones laborales. Habilitaría descartar acciones penales, multas, sanciones, altas en registro de empleadores con sanciones laborales, condonación de deudas por falta de pago de aportes y pueden incluir deudas reclamadas administrativa o judicialmente si el empleador se allana -un trabajador podría dejar de percibir dinero como parte de un reclamo judicial por falta o incompleta registración. Las condonaciones de multas pueden alcanzar hasta el 70% y podrá haber incentivos para la cancelación de contado y beneficios para pymes.
En sintonía con la baja de la moratoria, las y los trabajadores regularizados sólo podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes (calculados sobre el salario mínimo vital y móvil) para alcanzar los años de servicio requeridos para acceder a prestaciones sociales.
Estrictamente hablando, no es una política de promoción del empleo registrado porque aplicaría a relaciones laborales ya existentes, no a relaciones laborales a generarse en el futuro. Precisamente por esto, no promueve el empleo registrado sino que bonifica a los empleadores que infringen la normativa vigente.
La norma en discusión considerará que quien trabaja es empleado directo de quien registre la relación, no de quien se aprovecha de la mano de obra o trabajo. Esto profundizará la tercerización laboral de todo el proceso productivo, con la consiguiente liberación de responsabilidades en materia laboral de las empresas que deciden organizarse de esa manera. La norma establece que en esta modalidad las empresas no tienen obligaciones de registración ni pueden ser consideradas empleadoras, sólo responde de manera solidaria por el pago de los salarios devengados, en ocasión de realizar la actividad en su beneficio.
Además, para el proyecto que el Senado debe analizar, da lo mismo que la o el trabajador esté o no registrado, puesto que la propuesta de extinguir la acción penal, condonar deuda y dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales para promover el empleo hace que las indemnizaciones agravadas no tengan lugar, salvo la que hemos mencionado en casos de despido discriminatorio. En este sentido, por ejemplo, el proyecto propone eliminar la doble indemnización para las empleadas de casas particulares no registradas y la doble indemnización por despido de la mujer embarazada.
Fondo de Integración Socio Urbana
La Cámara de Diputados votó que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.
Los fondos fiduciarios aseguran el presupuesto de programas públicos de carácter estratégico para que tengan estabilidad. Dan también la posibilidad de contar con recursos para urgencias o situaciones puntuales. El Procrear, las becas Progresar, los fondos de emergencia para los incendios forestales o la protección de bosques nativos, son algunos de los programas que se financian a través de esta herramienta.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue creado en 2019 de acuerdo a la ley 27.453, que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El FISU fue la herramienta que financió las obras públicas para mejorar las condiciones de los 6.467 barrios populares de todo el país. Esto es, ni más ni menos, que obras para que la gente pueda tomar agua potable, evitar que vivan en zonas inundables, mejorar la calidad de sus servicios y acceso. Este Fondo Fiduciario se financia a partir de un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto País.
A comienzos de año, el Poder Ejecutivo desfinanció casi por completo esta política, al reducir del 30% al 1% lo destinado del Impuesto País al FISU. Otorgarle al gobierno la potestad de eliminar los fondos fiduciarios implica darle carta blanca para eliminar por completo lo poco que queda de una política habitacional nacida durante el gobierno del ex presidente Macri y ampliada durante el gobierno de Fernández, que busca saldar una necesidad social imperiosa: mejorar las condiciones de vida de las 5 millones de personas que hoy viven en villas y asentamientos en todo el país.
Descargar documento completo con aportes del CELS sobre la “Ley de Bases” y el paquete fiscal acá.
Foto: Adrián Escandar