Cuando algo se repite y esa repetición tiene base en el mismo problema, ya no se puede hablar de hechos aislados y mucho menos de casualidades. La muerte de Thiago Correa, de 7 años, por una bala de un policía federal, no es un caso más. Entre 2020 y 2025 murieron seis menores de 13 años por disparos de policías que utilizaron su arma reglamentaria fuera de servicio. La cifra de adolescentes entre 14 y 17 años es escalofriante: 59.
En el caso de Thiago, un video muestra la secuencia del hecho: el miércoles 4 de junio , en La Matanza, cerca de las 22.30 cuatro jóvenes enciman al efectivo de la policía federal Facundo Aguilar Fajardo que estaba fuera de servicio junto a su madre. Se ve en las imágenes cuando saca su arma de entre las ropas y en ese instante, a los jóvenes que salen corriendo. Y entonces empiezan los disparos: once detonaciones que se registraron en el audio de la misma cámara. El saldo: Brandon Corpus Antelo, de 18 años, fallecido por un disparo en el cuello y otros dos jóvenes, ambos de 21 años, heridos con impactos de bala. A 200 metros del lugar donde empezó todo, Thiago, de siete años, estaba junto a su padre esperando el colectivo. Una de las balas disparadas por Aguilar le dio en la cabeza y lo dejó herido de gravedad hasta que falleció el viernes por la tarde.
Desde la Fiscalía, inicialmente, calificaron el hecho como un exceso en la legítima defensa. Sin embargo, después de la muerte de Thiago y a la luz de lo que muestra el video, esa calificación se modificó a homicidio simple con dolo eventual. Con esta calificación, el fiscal tomó en cuenta que el oficial pudo prever el resultado de su accionar y, aun así, continuó disparando.
Esto es lo que se repite. Intervenciones policiales improvisadas y desproporcionadas, avaladas por funcionarios que se desentienden de este problema. Así se genera una espiral de violencia con consecuencias concretas sobre la vida de las gente, pero también sobre el destino del personal policial. Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respalda el accionar ilegal de la policía, los efectivos que siguen sus lineamientos terminan sentados en juicios orales y públicos rindiendo cuentas por sus delitos.
El problema no es solo a causa de las arengas mediáticas. También radica en las normativas que el Ministerio de Seguridad expide. El 14 de marzo de 2024 se publicó en el Boletín Oficial la resolución 125/2024 por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales. El texto reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que la propia Bullrich había establecido en 2018 -aquella vez como ministra del gobierno de Mauricio Macri- y que daba lugar a la llamada “doctrina Chocobar”.
Vale recordar que, en el caso Chocobar, mientras que las autoridades del gobierno de aquel entonces defendieron la intervención policial, la investigación judicial resolvió que el policía había actuado de manera abusiva.
El reglamento de Bullrich es vago y fomenta el uso de la fuerza letal. Permite disparar con un arma reglamentaria para impedir delitos “graves”, que representen un “peligro inminente” para la vida de las personas. Además de entregar una definición amplia y vaga, no está acompañada de criterios para evaluar esa gravedad y de esa manera queda librada a la interpretación de las y los policías. Ese accionar es contrario a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad impartidos por Naciones Unidas e incorporados en nuestra Ley de Seguridad Interior. Con esta nueva resolución se habilita el uso de armas de fuego contra quienes no lleven armas o tengan armas menos lesivas como las cortantes. El protocolo también otorga la posibilidad de que los policías disparen contra personas solamente por sospechar que cometieron un delito.
Los números no son solo estadísticas, son vidas que se pierden a manos de quienes deberían tener el entrenamiento suficiente como para poder portar y utilizar un arma con idoneidad. Y si a la falta de capacidades se le suman los discursos del poder político que fomentan la violencia, los resultados serán cada vez más muertes y una policía incapaz de actuar sin causar daño a la sociedad.
Base de datos sobre violencia policial
Desde 1996 registramos en una base de datos los hechos de violencia en el AMBA, publicados en medios, en los que participan funcionarios/as de agencias estatales y privadas de seguridad. En los últimos cinco años registramos estos cinco hechos, que se suman al de Thiago.
20 de julio de 2020, Quilmes
Tahiel, de 5 años, murió al recibir un disparo en la cabeza mientras manipulaba presuntamente la pistola reglamentaria Bersa Thunder 9 mm de su madre, la sargento Florencia Paola Machuca, en su casa de La Cañada. En la casa también estaba su pareja, el oficial subayudante Eric Elian Brito. Tahiel fue llevado de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos de Wilde, donde falleció. Se incautaron las armas de ambos efectivos y se abrió una causa por “Averiguación de causales de muerte”.
30 de mayo de 2021, La Matanza
Durante una discusión con su pareja, presuntamente en estado de ebriedad, en Virrey del Pino, el policía de la Ciudad Juan Ramón Herrera disparó al suelo con su Bersa Thunder 9 mm y la bala, tras rebotar en el piso, alcanzó el estómago de su hija de 6 años, Victoria. La nena murió. Herrera fue detenido y la causa se caratuló como “Homicidio calificado”.
20 de octubre de 2021, Merlo
La oficial de la Policía Federal Belén Elizabeth Aquino (28) mató de un balazo en la cabeza a su bebé de un año y luego se suicidó con un disparo en el cuello en su domicilio de Antequera al 1500. Personal del Destacamento Barrio Pompeya encontró ambos cuerpos y solicitó asistencia médica.
16 de febrero de 2024, Lomas de Zamora
Un oficial de la Policía bonaerense disparó accidentalmente su arma reglamentaria mientras la limpiaba y mató a su sobrino de 8 años. El uniformado fue aprehendido preventivamente hasta aclarar las circunstancias del hecho.
10 de julio de 2024, Avellaneda
En Wilde, el niño Bastián (10) resultó mortalmente herido de bala durante un tiroteo entre un policía de civil (30) del Comando Patrulla Avellaneda y cuatro asaltantes que intentaban robarle su moto. El menor recibió disparos en el cuello y el omóplato mientras intentaba protegerse junto a su madre.