El 12 de junio de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal falló en la causa “Pintos, Francisco Javier y otros s/recurso de casación”, que investiga la responsabilidad penal de cinco agentes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el homicidio de Rafael Nahuel.
Los prefectos formaban parte del grupo que ingresó el 25 de noviembre de 2017 al predio que la comunidad Winkul Mapu reclamaba como propio para realizar un rastrillaje y detener a varias personas que habían huido a las montañas cuando, dos días antes, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura habían desalojado a la comunidad y detenido a varios de sus integrantes, entre ellos mujeres y niños, a quienes mantuvieron precintados durante varias horas.
Ese sábado 25, los agentes Cavia, Pintos, Sosa, García y Obregón volvieron a ingresar al territorio y ante la presencia de varias personas en una de las montañas, comenzaron a disparar contra un grupo de jóvenes, primero con marcadores de pintura y luego con armas cargadas con balas de plomo, al menos 130 veces. Uno de esos disparos alcanzó por la espalda a Rafael Nahuel, de 22 años, mientras se escapaba de los tiros montaña arriba. Murió casi de inmediato. También hubo cuatro heridos.
Los jueces de Casación confirmaron todas las condenas, pero decidió devolver el expediente al Tribunal Oral Federal de General Roca para que ajuste los montos de las penas, por considerar que podrían resultar excesivas.
Aunque diversas pruebas presentadas durante el juicio -incluidas pericias balísticas, testimonios médicos y peritos de Gendarmería– demostraron que los jóvenes mapuches no tenían armas, los jueces no hacen ningún esfuerzo por desarmar el relato instalado por la Prefectura y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
Finalmente, los jueces de Casación decidieron imponer las costas del proceso a la familia de Rafael Nahuel, esto significa que ellos deberán afrontar los costos económicos de haber impulsado el proceso en busca de justicia por el asesinato.
El fallo es un mensaje judicial preocupante, porque aliviana las consecuencias de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche.
Foto: Revista Cítrica