Policías de la comisaría 1ª de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, torturaron con picanas eléctricas a personas que estaban detenidas. También las golpearon, las desnudaron y las amenazaron con violarlas y matarlas. Estos hechos provocaron la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del juzgado de Garantías que dictó la detención de tres efectivos. La gravedad de estos hechos es aún mayor porque ocurrieron en una dependencia policial sobre la que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las pésimas condiciones en las que se aloja a las personas detenidas.
A finales de julio, familiares de un detenido denunciaron a la CPM que, mientras estaba alojado, policías lo metieron en una oficina, le colocaron los pies en un balde con agua y le aplicaron descargas eléctricas con un cargador de batería de automóvil. Este relato provocó que se presentara un hábeas corpus y que además la CPM hiciera una inspección en el lugar.
A partir de los testimonios de otros detenidos, se confirmó que la práctica se había repetido con otras personas. También relataron que habían sufrido golpizas y que a algunos presos los desnudaron y amenazaron con violarlos. Los testimonios coincidieron en describir un ambiente de violencia sistemática. Señalaron a los integrantes de la Brigada de la comisaría, vestidos de civil y sin identificación, como los responsables de las torturas.
Esta es una de las comisarías cautelada por la CIDH pero en noviembre de 2024 fue rehabilitada por la Sala V del Tribunal de Casación para alojar 12 personas. Entre junio y agosto de 2025 sucedieron estos hechos de tortura ahora denunciados. El 14 de agosto el mismo tribunal decidió volver a prohibir el alojamiento de personas en la comisaría. Esta orden no se cumplió, y el 24 de agosto un joven apareció ahorcado en una celda.
Las condiciones inhumanas de detención y la práctica de la tortura son parte de lo que sucede hoy en la Argentina. Las cárceles sobrepobladas, las comisarías hacinadas y los débiles controles sobre los servicios penitenciarios favorecen la persistencia de estas graves violaciones a los derechos humanos.
El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU acaba de evaluar al país, y allí expresó su preocupación por “los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024. En particular, inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e “interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía”.