En una nueva audiencia del juicio por los sobornos en la investigación del crimen de Mariano Ferreyra, declaró el ex juez Eduardo Riggi, por entonces juez de la Sala III de Casación Penal, hombre clave en la causa ya que era mencionado como el juez que podría posibilitar la impunidad para José Pedraza, acusado por el asesinato. Riggi fue sobreseído de esta causa por el juez federal Oyarbide sin haber sido citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
Más allá de haber negado toda conexión con el plan para procurar la impunidad, en su declaración, Riggi reconoció que existía un vínculo cotidiano con personal de la SIDE. “Cuando accedimos a los cargos en Casación, hace más de 30 años, surgió una modalidad: la SIDE tenía una escuela de inteligencia, que por aquel entonces dirigía un almirante, él nos convocó a una serie de conferencias y reuniones para capacitar a los jueces en narcotráfico, delitos complejos… concurrían entre 60 y 70 jueces… de Casación íbamos seis o siete”, declaró y enseguida remarcó que quién hacía, “ministro de ceremonias y mano derecha, de este almirante” era el agente de inteligencia Juan José Riquelme, imputado en esta causa, que no llegó a juicio porque murió poco antes. También, declaró que Riquelme era intermediario para organizar “almuerzos” entre senadores y jueces, en particular se refirió a una invitación que recibió para reunirse con el sindicalista de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Durante la audiencia se pudieron escuchar audios en los que el imputado Araoz de Lamadrid, abogado y ex juez federal subrogante, conversaba con Riquelme. El trato cotidiano y la conversación en la que, por momentos, hablaban en clave demuestra el vínculo entre ambos. También se escuchó un audio entre Riquelme y Riggi, en el que el agente de la SIDE le pregunta cuestiones personales, le dice que había estado en su despacho porque “porque realmente tenía una muy buena noticia para transmitirle…”, en relación a un crédito para una vivienda destinada a su hijo.
A partir de preguntas de Araoz de Lamadrid, quien ejerce su propia defensa, el ex juez Riggi dedicó parte de su declaración a atacar al CELS. En apenas pocos minutos habló de una supuesta persecución por haber pertenecido a la “lucha contra la subversión” desde su rol como secretario de un juzgado. Además, se quejó del pedido de juicio político que debió afrontar por haber permitido que María Laura Olea, su secretaria y mano derecha, ejerciera la defensa de su padre, el general de brigada Braulio Olea, condenado a 25 años de pena por los crímenes que cometió en el centro clandestino de detención La Escuelita. Olea además es una de las organizadoras de la visita de diputados de La Libertad Avanza a los represores en la Cárcel de Ezeiza.
La estrategia de Riggi fue clara: echarle la culpa de todo al imputado ya fallecido, presentando a Riquelme como un fabulador. Ante los audios en los que Araoz de Lamadrid y Riquelme mencionan su nombre dijo que le causaron sorpresa y dolor.
El caso
Mientras se investigaba el homicidio de Mariano Ferreyra, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal. El objetivo era garantizar la no rendición de responsabilidades del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos 50 mil dólares.
Las personas que finalmente están siendo juzgadas son el ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y encargado del sistema informático de asignación de jueces.