Milagro Sala cumple 10 años encarcelada injustamente. Ha sido hostigada y criminalizada por la justicia jujeña y ha sido el blanco de incesantes discursos estigmatizantes por parte de las más altas autoridades de la provincia, sobre todo, del anterior gobernador jujeño Gerardo Morales. Ha estado sometida a continuos procesos penales sin las debidas garantías y con el objetivo de meterla presa sin importar si era o no culpable.
A los pocos días de haber sido detenida por llevar adelante un acampe en la plaza Belgrano de la Ciudad de Jujuy, en enero de 2016, presentamos, junto a la organización Andhes y Anmistía Internacional Argentina, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una acción urgente ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Ambos mecanismos opinaron que el Estado debía proteger a Milagro, garantizar su integridad y liberarla. A pesar de ello, siguió presa.
Después, ante el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos– emitió medidas provisionales en las que reclamó la libertad de Milagro o que su detención sea domiciliaria para proteger su integridad física y psicológica.
El Estado nacional y la Provincia, luego de la intervención de la Corte Suprema de la Nación, cumplieron con la prisión domiciliaria, sin embargo, el hostigamiento y la criminalización no se detuvieron. Incluso, le impusieron medidas más restrictivas que a cualquier otra persona en prisión domiciliaria. Hasta ahora, son las medidas de la Corte IDH dictadas en el año 2017 las que garantizan que su encierro sea domiciliario.
Desde 2024, Milagro está privada de la libertad, aunque se encuentra en la provincia de Buenos Aires atendida por un delicado cuadro de salud físico y psíquico como consecuencia del encadenamiento de procesos judiciales y condenas penales en su contra. El poder judicial de Jujuy en los últimos meses ha dado muestras de querer trasladarla nuevamente a esa provincia. El equipo de profesionales que la atiende, en más de una oportunidad, pidió que Milagro no sea trasladada y que se contemple su estado de salud.
El caso de Milagro Sala da cuenta de cómo el sistema político y judicial de Jujuy condenó a una referente social y defensora de derechos humanos sin motivos y sin respeto al principio de inocencia. Ahora, se suma que el gobierno nacional intenta incumplir sus compromisos internacionales intentando levantar las medidas provisionales.