Ayer por la tarde y la noche, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un “operativo de saturación y control poblacional” simultáneo en 17 barrios populares porteños bajo el nombre “Operativo Tormenta Negra”. Con más de 1500 efectivos fuertemente armados de la Policía de la Ciudad, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática, se trató de procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas conocidas ni controles judiciales, con un despliegue orientado más al impacto televisivo y en redes sociales que a una política criminal seria.
Este tipo de intervenciones despliega sobre las personas que viven en villas y barrios populares prácticas de control estatal que serían impensables en otras zonas de la ciudad en las que también se cometen irregularidades y delitos de distinto tipo. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales, los controles masivos y la ocupación territorial se aplican sobre comunidades enteras bajo la presunción de sospecha permanente. Se configuró una verdadera zona de excepción: el 14 de mayo hubo territorios donde las garantías se suspendieron de hecho y donde la ley se aplicó de manera selectiva, desde un patrón de desigualdad. Lo que en otros contextos requeriría orden judicial, controles estrictos y estándares de legalidad, aquí se desplegó sin límites claros.
Las declaraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundizan esa orientación. Al afirmar que “venimos a estos barrios a buscar a los que se esconden acá, que vienen de provincia, de otras partes del país, de otros países”, construye un mensaje político clasista y racializado que construye a un otro cargado de peligrosidad frente a un “nosotros” legítimo. En los hechos, ese discurso habilita una lectura más cruda: odiemos a los villeros. Se trata de una ofensiva contra la existencia misma de modos de vida villero, informal e irregular, en el marco de un cálculo político que busca rédito electoral. La espectacularización preelectoral de estos operativos convierte a las personas en rehenes y su sufrimiento en parte de una escena de marketing político personalizado en Macri.
Las propias cifras oficiales muestran, además, inconsistencias graves que refuerzan la preocupación por la falta de controles. Según el Gobierno de la Ciudad, 27 personas fueron detenidas por distintos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sólo registró 14 detenciones. Sobre las otras 13 personas incluidas en el número oficial no hay información pública sobre imputación judicial. A las 11 de la mañana del día siguiente, el Ministerio Público de la Defensa de CABA no tenía registro de esas detenciones. Esas detenciones no habrían sido convalidadas ni en el ámbito local ni en el federal. Esta opacidad exige explicaciones urgentes.
Las denuncias registradas durante el operativo muestran además el carácter violento de estas intervenciones. En el barrio Padre Carlos Múgica se denunció que efectivos policiales requisaron a dos niñas levantándoles la ropa frente a otras personas durante un control a trabajadores cartoneros. En la villa 21-24 organizaciones barriales denunciaron disparos con escopetas por parte de la Policía de la Ciudad y señalaron que una bala impactó muy cerca de un niño. También se reportaron decomisos de herramientas de trabajo de cartoneros y chatarreros, levantamiento con topadora de puestos ambulantes y remoción de espacios comunitarios utilizados para comer, dar apoyo escolar y realizar actividades sociales.
El operativo policial impactó directamente sobre formas de subsistencia y sobre la vida cotidiana de las personas. Estos allanamientos se inscriben en una escalada del Gobierno de la Ciudad contra los sectores más pobres: personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular, desalojados, migrantes, es decir, personas que viven en la Ciudad y que más están sintiendo el impacto del modelo económico. Crear zonas de exclusión de hecho no aporta en nada a la integración de la ciudad.
Foto: capturas publicada en Tiempo Argentino