Durante la 63° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, participamos en los diálogos interactivos con la Relatoría Especial sobre verdad, justicia, reparación y no repetición, y con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Señalamos los discursos promovidos por el gobierno nacional que niegan, relativizan y justifican los delitos cometidos en la última dictadura y que tienen una articulación directa con el desmantelamiento de las políticas de memoria.
En una de nuestras intervención explicamos cómo los discursos negacionistas entregaron los argumentos para desmantelar políticas de memoria construidas desde la recuperación de la democracia. Entre esas medidas se encuentra la reducción del papel del Estado como promotor de investigaciones penales por los crímenes de lesa humanidad; la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y los intentos de destruirlos; la desacreditación y el desmantelamiento de las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, a la memorialización y a la conservación de los archivos sobre esos crímenes. También el debilitamiento de los mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas y el discurso estigmatizador contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
“Al tildar a las víctimas del pasado de ‘terroristas’ desplazan, los límites de la violencia estatal en el presente, donde se está imponiendo la definición de nuevos enemigos internos bajo una renovada doctrina de seguridad nacional”, explicó la directora del equipo de Investigación del CELS, Marcela Perelman. Así se llevó adelante un desguace estructural que ya redujo un 40% del personal en áreas de memoria y verdad y provocó el cierre de la Unidad Especial para hallar menores apropiados, así como el ahogo presupuestario en sitios de memoria.
En las desapariciones forzadas, el Estado priva a las familias de información sobre lo que le que sucedió a la persona desaparecida y eso está acompañado por la obstrucción y el silencio del Estado. Por eso los procesos de memorialización (como construcción de monumentos y actos conmemorativos) ayudan a preservar la historia, devolverle dignidad a las víctimas y combatir la negación, además de contribuir a que los hechos no se repitan.
También compartimos las experiencias en Argentina y en el resto de la región donde los trabajos de memorialización fueron fundamentales para la reparación, los procesos de duelo y despedida de familiares de personas desaparecidas, que contrastan con la ausencia de políticas públicas en las desapariciones durante los gobiernos democráticos.
“En nuestro país, las secuelas del terrorismo de Estado se gestionaron por medio de diferentes políticas que facilitaron un reconocimiento estatal de la existencia de los desaparecidos y una reconstrucción de los mecanismos de la práctica desaparecedora y sus responsables”, explicó Verónica Torras, integrante de la comisión directiva del CELS y Memoria Abierta ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“La obligación estatal en esta materia debe abarcar tanto a desapariciones del pasado como del presente, y promover políticas gubernamentales como prácticas sociales de memorialización, las que requieren condiciones favorables para su desarrollo. Todo esto bajo los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, es decir: ninguna iniciativa puede presentarse como una sustitución de la obligación de implementar un plan de búsqueda”, completamos en los argumentos presentados al Consejo.
Por todo esto le pedimos al Consejo que le recuerde al Estado argentino sus obligaciones indelegables: garantizar la verdad, la justicia, la reparación con acciones que resguarden la historia. Frenar el negacionismo y prevenir la repetición de crímenes de lesa humanidad exige preservar esas capacidades del Estado.
