El jueves 24 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un nuevo operativo Tormenta Negra en 15 villas y barrios populares. Más de 1500 policías y agentes de control de Espacio Público ingresaron de manera simultánea a los barrios para realizar controles de personas y vehículos, inspeccionar comercios y retirar del espacio público objetos de las personas que viven allí. Es la segunda vez que el gobierno porteño organiza un despliegue de estas características, después del de mayo de este año. Jorge Macri insiste en violentar la vida en los barrios populares y atemorizar a quienes viven en ellos.
Se trata de un modo de entender la ciudad y el derecho a la ciudad con un abordaje racializante y con límites de clase. Es una política que decide qué cuerpos van a ser controlados por la policía, qué familias van a ser desalojadas sin garantías, qué personas deberán demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse y cuáles tienen que mostrar su documentación en las estaciones de trenes y subtes. La política porteña naturaliza que la principal y primera intervención del Estado en los barrios populares va a ser la policial. Uno de los jóvenes detenidos estaba en situación de calle dentro de la Villa 21. El gobierno llegó con patrulleros, efectivos armados y agentes de control, en lugar de organizar una intervención a partir de las necesidades de quienes viven allí o para garantizar los derechos sobre los que el mismo Estado está en deuda. No hubo presencia de áreas de desarrollo social, sino el despliegue de dispositivos de estigmatización de quienes viven allí, para convertirlos en sujetos de sospecha. El gobierno de la Ciudad abandonó las políticas de integración sociourbana. Ahora se enfoca en una política que niega la ciudadanía de las personas que viven en estos barrios. No existen operativos de este tipo en los otros barrios de la Ciudad, que los invadan a la pesca de ver qué delitos se identifican, que sin duda los hay en Palermo, Caballito o Núñez.
La vara en la Ciudad de Buenos Aires está tan baja que tenemos que reiterar lo obvio: en los barrios populares viven personas que trabajan, estudian, crían a sus hijos que van a la escuela y sostienen redes comunitarias. Tienen derecho a tener políticas que integren las villas con la ciudad en términos de derechos garantizados: a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y no estar sujeto a control poblacional permanente. La guerra contra los pobres habla de la pobreza en políticas públicas de la gestión actual de la ciudad. Y del solapamiento de un abordaje que se anuncia como control de actividades delictivas con la persecución de las estrategias de supervivencia. De este modo, la ciudad se fragmenta cada vez más. Los operativos espasmódicos y violentos no llevan orden a estos barrios, sino incertidumbre, abusos y show para las redes sociales. Cuando terminan los operativos y la policía se retira de estos barrios, no permanecen otras políticas públicas.
Durante el operativo del jueves registramos situaciones de violencia policial, uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. En la Villa 21-24, los registros audiovisuales que hicieron los mismos vecinos muestran intervenciones contra personas en situación de calle que intentaban resguardar sus colchones y pertenencias. También denunciaron que la policía les sacó herramientas de trabajo. El Ministerio Público de la Defensa porteño registró detenciones arbitrarias y personas lesionadas. Estas intervenciones que terminan reconvertidas en videos para el marketing personal del intendente, tienen consecuencias concretas en las condiciones de vida de quienes las sufren: la confiscación de pertenencias, mercadería o herramientas de trabajo significa privar a esas personas de los medios indispensables para su subsistencia. El Estado, entonces, se hace presente para agravar situaciones de vulnerabilidad social mediante el uso de la fuerza. Justo el mismo día en que el INDEC anunció el agravamiento de la pobreza.
Como en el operativo Tormenta Negra 1 no coincide la cantidad de detenidos que declara el gobierno porteño (17) con los que registró el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (13). Nuevamente abre la sospecha sobre la falta de controles.
Estas no son políticas de prevención del delito, es racismo. Los barrios populares se vuelven cada vez más un espacio diferenciado, alejado de la calidad de vida del resto de la ciudad. Una política pública centrada en la saturación policial, que no reconoce las necesidades de quienes viven en los barrios populares, profundiza las desigualdades que debería trabajar por combatir.