A nivel nacional, desde 2002-2003 se sostuvieron principios generales: legitimidad de las protestas, gobierno político de la actuación policial, regulación del uso de la fuerza y mediación política de los conflictos. Durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto de los aspectos más trascendentes de esa política de no represión. Principios medulares como la prohibición de portar armas de fuego y de no utilizar munición de goma para dispersar a los manifestantes fueron incumplidos en diferentes oportunidades.
Entre los aspectos que se analizan en este capítulo están la interrupción de la elaboración de protocolos de actuación, el intento de regular las protestas sociales por medio de leyes restrictivas y las graves regresiones en los operativos de seguridad. Al mismo tiempo, las respuestas judiciales son asimétricas: avanza la criminalización de referentes sociales y los hechos de violencia de las fuerzas de seguridad quedan impunes.
