La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner es un hito en la historia política argentina. Lo es porque consolida un modo de intervención del Poder Judicial que viene gestándose desde hace años, un modo que, finalmente, ha develado su propósito: construir una gobernabilidad independiente de la voluntad popular. Esa escisión abre un tiempo de preguntas sobre cómo las fuerzas sociales nos re organizaremos, y también sobre qué es el Estado de derecho hoy en la Argentina.
La decisión de la CSJN, tomada con una velocidad inédita que solo se explica por los intereses en juego, la golpea en el corazón de su legitimidad y sucede en un escenario en el que convergen dos programas de gobierno. Por un lado, el desmantelamiento de la faz protectora del Estado, que se implementa sin pausa desde la asunción del presidente Javier Milei. Por el otro, el fortalecimiento de la faz represiva del Estado. La persistente violencia estatal contra las manifestaciones de lxs jubiladxs es la postal semanal en la que se reúnen los dos pilares del proceso político en curso.
El Plan de Inteligencia Nacional que conocimos por una filtración periodística, muestra hasta qué punto el proyecto libertario lejos está de expresar un ideario de Estado mínimo: instaura la vigilancia de cualquier actividad o expresión que ponga en discusión el modelo económico y político actual por ser contrarias al interés nacional.
Las libertades políticas se achican, la libertad de los mercados se agranda. Toca entonces profundizar los espacios de resistencia y organización. Como dicen que dijo un filósofo de la Antigüedad: “Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”.
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