Dos políticas que ya, durante el Siglo XXI, habían mostrado sus consecuencias están confluyendo, otra vez a partir del impulso de Estados Unidos y su capacidad de establecer las reglas de las políticas de seguridad en nuestra región. Nos referimos a la “lucha contra las drogas” y al “combate contra el terrorismo”. Esos enfoques, y en especial el segundo a partir del 11 de septiembre de 2001, venían operando como justificación de regulaciones, políticas y prácticas de excepción. Así sucedió, por ejemplo, con los campos de detenidos en Guantánamo, donde se intentaba legitimar la tortura. Pilar Calveiro los caracterizó hace más de una década como espacios donde “se restringe así la universalidad de la ley”.
La categoría “narcoterrorismo” expresa claramente esta confluencia y muy rápidamente nuestra región recibió los efectos: Estados Unidos reconoció haber matado a 157 personas en ataques aéreos a embarcaciones con el argumento de “cortar el suministro de drogas ilegales”.
Frente a esta deriva política, lo que buscamos en primer lugar es registrar su desenvolvimiento, investigarla y comprenderla para luego ofrecer un marco de lectura que permita ponerla en discusión.
En marzo, junto con otras ocho organizaciones, expusimos en la 69° sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para alertar sobre las consecuencias de que el crimen organizado sea colocado bajo el paraguas del marco “antiterrorista”, un enfoque que luego comienza a expandirse a otros “problemas de seguridad”, como sucede en la Argentina con la persecución a la protesta social o las hipótesis que habilitan la vigilancia estatal. Llevamos el mismo planteo a la CIDH, en una audiencia regional en la que participó el Relator Especial sobre terrorismo de Naciones Unidas, quien fue contundente en su crítica a la expansión de las normativas y políticas de excepción asociadas a la criminalidad organizada.
“El problema en América Latina es la gobernanza criminal, no el terrorismo. Y la perspectiva antiterrorista no permite abordarlo, porque invisibiliza las dos dinámicas clave de la gobernanza criminal, su relación simbiótica con el Estado y con el sistema económico-financiero”, afirmamos en este artículo publicado en medios internacionales, una intervención con la que buscamos extender la discusión pública sobre estos problemas, para no normalizarlos.
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