El derecho a la protesta social está reconocido y protegido por el derecho internacional de los derechos humanos e implica obligaciones específicas para los Estados. En los últimos años mecanismos internacionales y regionales de protección profundizaron los estándares para el manejo de protestas desde una perspectiva de derechos humanos, haciendo referencia a la necesidad de acciones específicas respecto de ciertos grupos en situación de mayor riesgo, como las mujeres y personas LGBTI+.
A pesar de ello no parece haber una adecuación por parte de los Estados a su obligación de adoptar un enfoque diferencial. Por el contrario, se reiteran numerosas violaciones a los derechos de mujeres y personas LGBTI+ en contexto de protesta, que afectan su posibilidad de ejercicio del derecho de expresión, reunión y manifestación, así como el ejercicio de su rol de defensoras y defensores de derechos humanos.
Se trata de una serie de violencias que se producen a efecto de la condición sexo-génerica de les protestantes, las cuales incrementan su vulnerabilidad y el riesgo cuando ya están sometides a una situación de violencia institucional. Estas violencias por razones de género abarcan un amplio espectro de situaciones que adquieren diferentes modalidades en los distintos escenarios en los que ocurren: desde la estigmatización por parte de las autoridades, la agresión verbal, física y sexual, hasta la utilización indebida del derecho penal para criminalizarlas y las limitaciones legales al ejercicio del derecho de protesta, por nombrar algunas. Estas situaciones se agudizan cuando existen interseccionalidades, mujeres o personas LGBTI+ negras, marronas o afrodescendientes, campesinas o de pueblos indígenas, o que viven en zonas rurales y/o barrios populares.
Este escenario adverso para la garantía del derecho a la protesta para todas las personas, se intensifica ante la insuficiencia o la ausencia de respuestas institucionales. Condición que resulta, a su vez, de las propias lógicas androcéntricas de las burocracias intervinientes, pero también de la insuficiente investigación sobre especificidad de estas vulneraciones y una constante ausencia de perspectiva de género e interseccionalidad.
En este documento se presenta el relevamiento realizado sobre este tema y se propone contribuir con posibles acciones tendientes a una elaboración más completa de estándares para el manejo de protestas desde una perspectiva interseccional y transfeminista.
Contenido
1. Introducción
2. Metodología y países analizados
3. El derecho a la protesta
4. Afectaciones al derecho a la protesta en la región
– Las modalidades de represión de la protesta
a. La estigmatización y estereotipos sobre luchas de mujeres y personas LGBTI+
b. Las agresiones verbales discriminatorias y basadas en estereotipos
c. La violencia digital
d. Los operativos policiales y el uso de la fuerza
e. Detenciones y traslados: el peor momento de la violencia
f. La violencia sexual como mecanismo aleccionador
g. La violencia contra las mujeres trans
h. Criminalización de manifestantes, lideresas y activistas
i. La intervención militar
5. La respuesta institucional
6. El patriarcado nos atraviesa: la invisibilización de otras violencias de género
7. Reflexiones finales
Anexo I – Marco legal
Anexo II – Fuentes y referencias
