Revocan los procesamientos de lxs militantes que escracharon la casa de Espert
La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito de Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi. Los jueces consideraron que las acusaciones no estaban probadas y que los hechos no encuadran en ninguno de los graves delitos señalados por la jueza Salgado.
Misiones: el poder judicial debe proteger el derecho a la protesta
Dos dirigentes docentes fueron condenados por participar de un acampe en reclamo de un aumento salarial en Posadas. En un contexto en el que el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales buscan debilitar la movilización social, el sistema de justicia tiene las herramientas y la obligación de resguardarla.
Absolución a Cris Godoy: la perspectiva de género, clave en el análisis del caso
Para el juez Correccional N°1 de San Martín, si el caso se hubiera analizado “bajo el prisma de la desigualdad estructural entre hombres, mujeres y diversidades sexuales se hubiera evitado este largo proceso”.
Protocolo antiprotesta: el fiscal cuestionó la falta de fundamentos para dictarlo
En su dictamen, señaló que los argumentos del Ministerio de Seguridad no son suficientes dada la protección especial que tienen los derechos a la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión. Lo hizo en la causa colectiva que iniciamos hace casi dos años y en la que planteamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Represión de protestas en Ecuador
Numerosas organizaciones de derechos humanos condenamos la represión de la protesta social y llamamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta.
Criminalización de la política: esto es otra cosa
La concejal Eva Mieri lleva 12 días detenida -9 en el penal de Ezeiza- bajo cargos graves que no alcanzan a ocultar que está allí simplemente por una acción política. Su detención, leída junto a otras previas de militantes o participantes de protestas, confirma una intensificación del uso del aparato penal contra la organización política y un mensaje de intimidación a toda la militancia.
La ONU alerta sobre la represión y criminalización de la protesta en Argentina
En una carta dirigida al gobierno nacional, nueve relatorías especiales expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la violencia contra personas mayores y periodistas y los ataques a la independencia judicial. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales.
Encarcelar la política
Columna publicada en la edición de julio de Posdata, el boletín del CELS.
Manifestación de jubiladxs: pedimos a la Bicameral de Inteligencia que investigue la participación de la SIDE
Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.
Protocolo anti protesta: decenas de organizaciones pedimos su inconstitucionalidad
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Encuentro regional: el derecho a la protesta y los límites que atraviesa en América Latina
Con organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, analizamos los desafíos para ejercer el derecho a la protesta y afrontar el achicamiento del espacio cívico en la región. Contamos con la participación de Gina Romero, relatora de reunión pacífica, y Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado, quienes compartieron los alcances de sus funciones e intervenciones desde la ONU.
Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
ver más
El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante la CIDH por la represión de la protesta
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
ONU: denunciamos en el Consejo de Derechos Humanos la represión a la protesta, los ataques a la libertad de expresión y la extrema pobreza en la Argentina
Sobre la criminalización de manifestantes, organizaciones y periodistas expusimos en la 56° sesión en Suiza. En las respectivas relatorías, explicamos que esto ocurre mientras las medidas de gobierno empobrecen a las mayorías y desde la cancillería argentina respondieron con mentiras. Además, ante el grupo sobre empresas transnacionales y derechos humanos expresamos preocupación sobre el uso de agrotóxicos. En Ginebra también realizamos un evento paralelo con otras organizaciones sobre los gobiernos de extrema derecha.
Protesta por la Ley Bases: pedimos la libertad de las cinco personas que continúan detenidas
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Denunciamos ante la CIDH y la ONU restricciones al derecho a la protesta: detenciones y una escalada penal arbitraria y peligrosa
Fue tras la represión de la protesta de esta semana contra la Ley Bases en el Congreso. Más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria y luego acusadas por la fiscalía de delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de estado que había realizado el gobierno.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
El fin del principio de no-represión: qué significa que Bullrich derogue la resolución 210/2011
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
Pedimos a la CIDH protección para personas defensoras de derechos humanos en Jujuy
Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.
CIDH: solicitamos una visita a la Argentina para que constate las vulneraciones a los pueblos indígenas
Organizaciones defensoras de derechos y referentes de comunidades originarias planteamos el aumento de la violencia y el racismo estructural por parte del Estado, la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa y la grave situación en la provincia de Jujuy.
Liberaron a las cuatro mujeres mapuche detenidas en el desalojo de Villa Mascardi
La resolución del Tribunal Federal de General Roca llegó días después del acuerdo entre el Estado nacional y la comunidad Lafken Winkul. El 4 de octubre de 2022 las fuerzas federales desalojaron el territorio y desde entonces las mujeres se encontraban presas junto con sus hijes.
El poder legislativo de Salta limita el derecho a la protesta
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
El derecho a la protesta: la necesidad de un abordaje interseccional y transfeminista
Autor/a: Luciana Pol (coordinación general), Cynthia Palacios Reckziegel y Lucía Morale (coordinación del relevamiento, trabajo de campo y redacción principal).
42 págs.
ver más
Ante la internación de Milagro Sala, insistimos a la Corte IDH que reitere la orden de medidas de protección
La dirigente social fue internada por un cuadro de trombosis. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud e integridad física y psíquica. Por eso entendemos que es imprescindible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitere al Estado argentino la obligación de dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas para proteger su salud e integridad.
Derecho a la alimentación: duras advertencias de la Relatora de la ONU sobre el impacto del ajuste
El informe de la relatora advirtió que el Estado debe asegurar los derechos humanos de la población y no menoscabarlos para hacer frente a los compromisos contraídos por la toma de deuda. Criticó el modelo agrícola, que ha socavado la seguridad alimentaria; el desmantelamiento de la agricultura familiar y las consecuencias del desmonte para los pueblos indígenas.
Derecho al territorio ancestral: comunidades indígenas de Salta presentaron sus demandas ante la Corte IDH
Las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat reclamaron además la reanudación inmediata de los trabajos para garantizar su acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado paralizó.
Protesta, movimientos sociales y represión estatal
Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
Repudio a la detención arbitraria e ilegal del lonko Facundo Jones Huala
Facundo Jones Huala, integrante del Pueblo Mapuche, fue detenido el 26 de junio de manera arbitraria. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y gran cantidad de colectivos denunciamos utilización de herramientas judiciales para criminalizar a líderes indígenas y perseguir y hostigar a las comunidades indígenas.
