En el marco del 138º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se trató la destitución de tres juezas en la provincia de San Luis y el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, quien investigaba el caso de la aduana paralela. Los miembros del organismo también recibieron nuevas denuncias sobre la situación de las personas privadas de su libertad y podrían realizar una visita al país para verificar las condiciones de detención.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó hoy de dos audiencias ante la CIDH por el caso de la destitución de las juezas de San Luis Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf de Christin; y por el crimen impune del policía Jorge Gutiérrez, quien fue asesinado mientras investigaba el caso de la aduana paralela.
Gallo, Careaga y Maluf de Christin fueron removidas de sus cargos a fines de los ’90 por adherir a un comunicado que denunciaba la injerencia del Ejecutivo provincial en el Poder Judicial. Entre los años 1995 y 1997, con la connivencia de la Legislatura de mayoría oficialista, el gobierno puntano había logrado aprobar 17 leyes destinadas a mermar la independencia judicial, limitar la posibilidad de control sobre los otros poderes, imponer su verticalismo funcional, expulsar del sistema a quienes no dieran con el perfil de juez pretendido e incorporar a él a quienes sí aseguraran ductilidad. También se modificó el sistema de ingreso y egreso de los órganos de administración de Justicia y se desarticuló por completo el principio de inamovilidad en los cargos de los magistrados.
Durante la audiencia, Careaga remarcó que “los jueces que fueron funcionales al poder político de la provincia hicieron carreras meteóricas”. Por su parte, Gallo advirtió a los comisionados que los actuales magistrados del Superior Tribunal de San Luis “no se animan a resolver mi situación a pesar de tener los expedientes hace cuatro años con las pautas que impone la Corte Suprema de Justicia”.
Luego de la audiencia de hoy y frente a la falta de respuestas de parte del Estado argentino en las distintas instancias generadas desde que el caso llegó a la CIDH en 2003, la Comisión ratificó que se encuentra trabajando en el informe de fondo, lo cual dejaría el caso en condiciones de ser elevado a la Corte Interamericana. Tanto el CELS como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), patrocinantes de las juezas, reclaman además de las reparaciones personales para las víctimas, reformas institucionales para asegurar que casos como este no se repitan.
En la audiencia por el crimen del policía federal Jorge Gutiérrez (hermano del actual intendente de Quilmes, Francisco), la Comisión también confirmó que dictará un informe de fondo para que el caso llegue a la Corte.
Gutiérrez fue asesinado en 1994 mientras investigaba el caso de la aduana paralela. Los dos acusados del crimen eran también policías. A nivel local, la causa se encuentra paralizada y no se ha sancionado a los autores materiales ni intelectuales. En la audiencia estuvieron presentes la viuda y los tres hijos de Gutiérrez, quienes eran menores de edad al momento del asesinato.
Nilda Maldonado de Gutiérrez, remarcó que llegó hasta la Comisión “a buscar justicia” y aseguró que pasó “años golpeando puertas para que encuentren a los responsables del asesinato de mi esposo”.
Por otra parte, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, se reunió con el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator sobre la situación de las personas privadas de libertad de la CIDH, y reiteró la necesidad de que la Relatoría a su cargo realice una visita al país para verificar las graves violaciones de derechos que se cometen contra las personas privadas de libertad en Argentina. El comisionado Escobar Gil se comprometió a evaluar la posibilidad de realizar esa visita en breve.
En su anterior período de sesiones, en marzo de 2009, la CIDH ya había expresado su preocupación por los altos porcentajes de detenidos sin sentencia firme –entre el 70% y el 80%– y las torturas y malos tratos a los que son sometidos en cárceles y comisarías. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también advirtió al Estado argentino la semana pasada por las condiciones inhumanas de detención en cárceles y comisarías.