El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó el procesamiento de siete efectivos de la Policía Federal que participaron en el operativo del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Para el CELS los policías tienen responsabilidad en la muerte de Mariano ya que contaban con información sobre la presencia de la patota en el lugar y colaboraron en el ataque.
De acuerdo con el escrito presentado a la jueza Wilma López, los funcionarios de la Federal dejaron una “zona liberada” para permitir la agresión y formaron un “cerco protector” para garantizar la impunidad de los miembros de la Unión Ferroviaria. Sus conductas fueron esenciales para que el homicidio se pudiera cometer.
Según se desprende de la investigación, los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca de la Policía Federal y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, permitieron que los efectivos liberaran la zona para hacer posible el ataque. El subcomisario Rolando Garay, presente en el lugar de los hechos, fue quien dejó que los agresores se acercaran a los militantes que se estaban desconcentrando y luego ordenó efectuar el cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria. Por su parte, el agente David Villalba tenía a cargo la filmación de los hechos, función que cumplió durante todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron registrados.
En tanto, el comisario Hugo Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti tenían a su cargo el monitoreo y control del operativo en la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes.
El pasado 24 de mayo la jueza López elevó a juicio oral la causa en la que están imputados el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve acusados. La investigación de la responsabilidad de los policías se encuentra todavía en etapa de instrucción en el mismo juzgado. Para el CELS, que representa a los familiares de Mariano, es fundamental que ambos procesos sean analizados como parte del mismo hecho en el que tuvieron participación tanto los miembros de la Unión Ferroviaria como los policías implicados.