El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) condena la brutal represión que tuvo lugar hoy durante el desalojo de un predio en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, como resultado de la cual se produjo la muerte de un número aún indeterminado de personas, que oscilaría entre tres y cinco, pero que podría crecer de acuerdo con la evolución de numerosos heridos. Tanto el gobierno y la policía provincial como los funcionarios judiciales involucrados son responsables por las muertes producidas a causa de la violencia del operativo contra alrededor de 3 mil personas y por el uso de la fuerza letal. Por su parte, el Estado nacional debe intervenir para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de violencia.
Luego de 28 años de gobiernos democráticos es inadmisible que se sigan produciendo muertes por la represión de conflictos sociales. Los Estados nacional y provincial tienen la obligación de encontrar formas no violentas para canalizar las demandas y garantizar los derechos de quienes reclaman.
Algunos hechos de violencia con gran impacto socio-político han marcado el comienzo de importantes procesos de reforma policial. Luego del homicidio de Mariano Ferreyra y las muertes de Rosemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez en el desalojo del Parque Indoamericano, el Ejecutivo nacional ratificó la política de no represión pero esto resulta insuficiente mientras no se vuelque en un protocolo obligatorio de actuación y no se involucren en este cambio cultural la justicia y las policías provinciales. El gobierno nacional debe trabajar con las provincias para definir protocolos que prohíban el uso de armas de fuego en estos ámbitos de actuación, dispongan la presencia de interlocutores políticos y contemplen situaciones de particular vulnerabilidad como las de las personas que resisten a un desalojo.
La represión, ocurrida en tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma, remite a la relación promiscua de esta empresa privada con las fuerzas políticas y represivas provinciales. Es inevitable recordar los hechos conocidos como la Noche del Apagón, que consistieron en sucesivos cortes de luz dispuestos por Ledesma en las localidades de Calilegua y Libertador General San Martín entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Durante esas noches fueron secuestradas más de 400 personas en camiones de la empresa de la familia Blaquier. Muchas de ellas fueron derivadas a centros clandestinos y cárceles de todo el país y unas treinta permanecen desaparecidas.
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas y reiteramos nuestro reclamo de justicia.