La Sala I de la Cámara del Crimen de Buenos Aires, con los votos de los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, avaló la investigación del fiscal Sandro Abraldes, quien había solicitado la indagatoria de 12 policías federales y 33 metropolitanos por las muertes de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña y por las heridas causadas a cinco personas durante la represión de la toma del Parque Indoamericano. La hipótesis de la responsabilidad policial había sido rechazada por el juez Eliseo Otero, a quien la Cámara resolvió apartar del proceso.
El fallo de Otero, que sobreseía a los policías imputados, fue apelado por Abraldes y por las querellas de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña. En su resolución, la Cámara anuló estos sobreseimientos por considerar que la actuación de Abraldes refleja “una profusa y seria investigación desarrollada durante casi un año (…) que de ningún modo es merecedora de las descalificaciones a las que (el juez) ha echado mano”.
Para la Cámara, la decisión de Otero de desechar de plano la hipótesis policial careció de los mínimos fundamentos y vulneró “derechos y garantías constitucionales tales como la defensa en juicio y el debido proceso legal”. Ante el claro prejuzgamiento, el tribunal resolvió anular la decisión y apartar al juez del caso por no garantizar la debida imparcialidad. Con esta decisión, la Cámara confirmó la existencia de elementos de prueba para profundizar la línea de la responsabilidad policial por las personas muertas y heridas.
Los numerosos obstáculos que encontró esta investigación dan cuenta de la reacción de algunos sectores del sistema judicial ante el avance de causas que involucran el accionar de fuerzas de seguridad contra víctimas pobres. Desde el inicio, Otero demoró las autopsias, limitó los pedidos de investigación sobre barras bravas que habían intimidado con armas de fuego a los ocupantes y calificó hechos de tortura como simples vejámenes.
Los sectores afectados directamente por la represión del Parque Indoamericano no sólo no han visto mejoras en su situación habitacional, sino que han recibido un mensaje intimidante de la justicia: referentes sociales, que en medio de la crisis resultaron claves para habilitar diálogos obturados con el poder político, fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de la fuerza de la hipótesis policial en la investigación y la imputación que pesa sobre 33 metropolitanos, el gobierno porteño no asumió la responsabilidad política sobre el operativo ni inició, al menos hasta un año después, actuaciones internas sobre algún agente.
Además de estos necesarios controles, ante las respuestas violentas frente a reclamos en las que numerosas personas perdieron la vida, resulta fundamental disponer medidas efectivas para la protección de derechos, que incluyan la sanción de protocolos claros y obligatorios para la actuación de todas las fuerzas policiales en contexto de conflictos sociales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interviene en la causa en representación de los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años. La decisión de la Cámara es un paso sustancial hacia el esclarecimiento de los hechos de represión que involucraron el accionar de ambas fuerzas policiales, con el fin de determinar responsabilidades, aportar justicia y reparación a las víctimas.