A tres años del conflicto de diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano, el déficit habitacional que originó la ocupación permanece irresuelto, los referentes sociales están siendo juzgados por usurpación y las causas en las que se investiga la responsabilidad policial en el desalojo en el que murieron Rossemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez, tiene escasos avances. Los hechos del Indoamericano dejaron en evidencia las graves consecuencias de imponer respuestas estatales represivas frente a reclamos por situaciones de exclusión e inequidad social.
La ocupación del predio sucedió en un contexto de déficit estructural de viviendas, que aún continúa y que vulnera derechos fundamentales de cientos de miles de personas. Se estima que casi medio millón de personas carece de una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. En la zona del Indoamericano, se concentra la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza y el más alto porcentaje de hogares hacinados de todo el distrito. Además, la zona sur presenta los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas.
Con el objetivo de desactivar la ocupación en el momento del conflicto, los gobiernos de la ciudad y la Nación anunciaron la implementación de un plan de viviendas financiado en partes iguales por ambas jurisdicciones. Sin embargo, aún no se han iniciado las obras ni se definieron los terrenos en los que se llevarían adelante. Es decir, no se avanzó en respuestas para las problemáticas de fondo de la población que protagonizó la toma del Indoamericano y padeció su represión, ni para otros que, como ellos, se encuentran obligados a vivir en condiciones sumamente precarias.
Al mismo tiempo, Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, referentes sociales que en medio de la crisis resultaron clave para lograr canales de diálogo con las autoridades políticas, continúan criminalizados por la justicia de la ciudad de Buenos Aires por el delito de usurpación. Esta causa avanzó con celeridad y la Unidad Fiscal Sudeste de la ciudad, a cargo de Luis Jorge Cevasco y Claudia Barcia, ya pidió la elevación a juicio del proceso, que deberá ser decidida por la jueza María Gabriela López Iñíguez en los próximos días.
En cambio, la causa en la que se investiga el operativo policial que causó la muerte de tres personas, avanza con lentitud. Los ex comisarios de la Policía Federal Argentina (PFA) que estuvieron a cargo del operativo están imputados por homicidio y lesiones culposas, dado que comandaron el accionar conjunto de la PFA y la Policía Metropolitana (PM). Otros ocho miembros de la fuerza federal, aún en funciones, están imputados por abuso de armas. Por otro lado, hay 51 efectivos de la Metropolitana, entre ellos varios jefes, también imputados por homicidio y lesiones en agresión. Todos continúan en funciones y son defendidos por un estudio jurídico que constituyó domicilio en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Ninguno de los funcionarios metropolitanos recibió sanciones internas.
Encarar el problema de déficit habitacional requiere de una intervención estatal enérgica y diversa, que combine acciones de respuesta rápida y políticas de mediano y largo plazo. Sin embargo, sólo se han priorizado soluciones transitorias frente a la emergencia habitacional. No se implementaron acciones de regulación del mercado inmobiliario ni un programa que ayude a mejorar las condiciones de negociación en la que se encuentran las personas que requieren alquilar y carecen de ingresos demostrables o garantías. A su vez, la efectiva respuesta judicial debe necesariamente reorientarse hacia la investigación de los hechos, reparación de las víctimas y a la satisfacción de derechos si pretende construir su legitimidad para la protección de quienes más lo necesitan.