El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió por diferentes delitos el procesamiento de tres altos jefes de la Policía Federal y cuatro de la Policía Metropolitana, que estuvieron a cargo del operativo conjunto de represión para desalojar el Parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010 durante el que fueron asesinados Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. El pedido abarca también a 25 oficiales de la Metropolitana que efectuaron los disparos letales y a otros ocho policías federales. Además, se espera para marzo la indagatoria al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, solicitada por el fiscal Sandro Abraldes.
La presentación del CELS a la jueza Mónica Berdión de Crudo sostiene que está probado que la Metropolitana actuó en coordinación y bajo la dirección de los jefes de la Policía Federal y tuvo un accionar violento y de descontrol en el uso de la fuerza letal, lo que produjo en ese episodio dos muertes y cinco heridos de bala. Su accionar ilegal, a su vez, incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de cerca de 600 cartuchos antitumulto.
El pedido de procesamiento por los delitos de homicidio y lesiones culposas a los entonces comisarios federales Hugo Lompizano -en ese momento jefe de la Dirección General de Operaciones y actualmente separado de la fuerza-, Juan Quintero -jefe de la Circunscripción VIII- y Emilio Miragaya -titular de la comisaría 36- se funda en las pruebas que demuestran que fueron los que impartieron las directivas sobre el operativo a federales y metropolitanos. La responsabilidad por los mismos delitos se extiende a los jefes de la Metropolitana que también intervinieron y comandaron el operativo: los comisionados Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda y el superintendente de seguridad Miguel Ciancio.
La solicitud de procesamiento por los delitos dolosos de homicidio y lesiones en agresión abarca a 25 agentes metropolitanos que efectuaron disparos con postas de plomo que resultaron letales, entre los que se encuentra el comisionado Mayor Ricardo Ferrón, también involucrado en la represión ocurrida en el Hospital Borda y en la Villa 31 en 2013. El CELS, asimismo, pidió que se procese por el delito de abuso de armas a ocho policías federales, que se encuentran en funciones. Cuatro de ellos aún son defendidos por la División de Asuntos Penales de esa institución, que también aportó los peritos de parte. Además, se solicitó el sobreseimiento de otros 28 policías metropolitanos por considerar que no tuvieron responsabilidad en las muertes y heridas.
A lo largo de la investigación, quedó clara la nula voluntad del Gobierno porteño en el esclarecimiento de uno de los hechos más graves en los que intervino la Policía a su cargo. Todos los metropolitanos investigados permanecen en funciones y sus abogados tienen domicilio constituido en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación se ha encontrado con diversos obstáculos: las autoridades porteñas brindaron información insuficiente y contradictoria en varios aspectos clave como la identificación del personal que participó del operativo y el armamento asignado. El ministro Guillermo Montenegro insiste en que la Metropolitana no contaba con munición de plomo, mientras que está probado que para la represión disponía de 300 cartuchos de ese tipo, y que los disparos tuvieron como consecuencia las muertes y heridas. También se detectaron irregularidades en los legajos de los efectivos.
El CELS representa a los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años.
A más de tres años de la represión, las víctimas esperan una pronta respuesta y que se avance hacia el juicio oral.