El 26 de junio de 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados durante la represión policial de una protesta. La policía persiguió a los manifestantes aún después de dispersado el corte del Puente Pueyrredón e hirió a más de ochenta personas, a treinta de ellas con balas de plomo.
Los asesinatos de Kosteki y Santillán generaron un antes y después en los debates sobre cuál debe ser el rol del Estado respecto al uso de la fuerza durante la protesta social. En enero de 2006, dos ex policías bonaerenses fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales de los homicidios. Sin embargo, el poder judicial nunca avanzó en la investigación sobre los responsables políticos de los muertos y heridos. Esta falencia no es un hecho aislado: es una constante en las causas judiciales que deberían investigar a funcionarios civiles y a los altos mandos de las fuerzas de seguridad que participaron en situaciones de represión violenta de los conflictos sociales.
A doce años de los hechos, acompañamos a sus familiares y compañeros en el reclamo de justicia.