El 3 de febrero de 2011 siete vagones de los 32 que tenía la formación del Mitre se salieron de las vías en el cruce con el canal José León Suárez. Los vecinos del bario La Cárcova corrieron al lugar para ver qué pasaba. Eran las 2 de la tarde. Una hora y media después la policía bonaerense comenzó a disparar con balas de plomo contra el grupo de personas que se había acercado, bajo la justificación de intentar defender la mercadería que se encontraba en el tren. Las balas de la policía mataron a Franco Almirón y a Mauricio Ramos, e hirieron de gravedad a Joaquín Romero. Así lo estableció la justicia provincial y condenó por ese hecho al subteniente Gustavo Vega a siete años de prisión. También consideró que no había elementos suficientes como para condenar al sargento Gustavo Rey, a pesar de que varios testimonios y pericias indicaban lo contrario.
La reconstrucción del suceso permitió conocer con detalle el modo de actuar de la Bonaerense cuando se enfrenta a situaciones de emergencia y conflictos sociales: empleo masivo y abusivo de la fuerza –incluyendo armas de fuego letales–, descoordinación y falta de profesionalismo. En el juicio oral quedó claro que la policía no estaba respondiendo a ningún tipo de amenaza que pusiera en riesgo su vida o integridad, que las heridas de las víctimas fueron causadas por armamento policial e incluso que los policías dispararon cuando Franco, Mauricio y Joaquín se estaban escapando de la represión. La escena del hecho, además, fue minuciosamente modificada por la policía, que levantó las vainas servidas con el fin de obstaculizar la labor de la justicia y garantizar su impunidad.
Ante la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Martín, las familias de las víctimas con el patrocinio del CELS y del abogado Juan Carlos García Dietze presentaron un recurso de casación para que se revise lo decidido por el tribunal y se condene a los dos policías acusados. La Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires tiene la oportunidad y la responsabilidad de rever la decisión judicial y de enviar un mensaje al Poder Ejecutivo provincial, a la Policía Bonaerense y a los jueces sobre la necesidad de prohibir el uso letal de la fuerza en situaciones de conflictividad social y de que se realice un control judicial exhaustivo y no tolerante de estas prácticas violatorias de derechos humanos.
Las autoridades del Departamento Judicial de San Martín deben también profundizar la investigación para dar cuenta de la responsabilidad de los superiores jerárquicos de los policías Vega y Rey, quienes deben rendir cuentas tanto por la planificación y la ejecución de un operativo cuya nota principal fue la violencia y la desorganización como por el encubrimiento posterior.
El CELS acompaña a los familiares y amigos de las victimas en su reclamo de justicia.