Hoy y mañana, miembros del Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de los países de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Comité CERD) se reunirán con representantes del Estado argentino. Tratarán la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y de los pueblos indígenas.
Once organizaciones presentamos un informe al Comité sobre la situación de los migrantes que señala que un modelo de control que incluye mecanismos de detención y expulsión está desplazando a las políticas que tenían como eje central a la regularización migratoria.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con el cierre del programa de abordaje territorial que promovía y facilitaba el acceso a la documentación nacional de las personas migrantes, sobre todo en los lugares alejados de las ciudades. También con la intensificación y difusión de los “operativos de control de permanencia” que intiman y amenazan a las personas para que regularicen su situación migratoria pero sin facilitarles los procedimientos.
El informe también denuncia la creación de un centro de detención para migrantes con el objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Y el aumento de las órdenes de expulsión: en 2014 se dictaron 1760 expulsiones, en 2015, 1908 y en los primeros nueves meses de 2016 ya se llegó a 3258 (70% más que el total de 2015).
La Ley de Migraciones (N°25.871), su decreto reglamentario y los programas de regularización migratoria reconocen el derecho a migrar y la obligación del Estado de facilitar el acceso a la documentación nacional de las personas migrantes. Han sido considerados un modelo por diversos mecanismos de protección internacional, incluido el Comité CERD. La alteración de ese modelo, tendrá consecuencias en los debates globales sobre las posibilidades de enfocar las políticas migratorias en la regularización y los derechos humanos.
Al mismo tiempo, otras 13 organizaciones presentamos al Comité CERD un informe sobre las deudas del Estado argentino en relación a los pueblos indígenas.
El documento destaca los niveles altos de pobreza y desnutrición que afectan a algunos pueblos indígenas, sobre todo en las comunidades del Noroeste y Noreste argentino. La falta de acceso al agua potable para muchos de estos pueblos es un problema grave con serias consecuencias.
El informe también denuncia hechos de violencia institucional contra comunidades indígenas en varios puntos del país, y en particular en la provincia de Formosa.
Además siguen sin garantizarse efectivamente los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el resguardo de sus recursos naturales. Un caso emblemático es de las comunidades agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat, que aún no cuentan con el título colectivo sobre su territorio, décadas después de haber iniciado su reclamo, actualmente respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este diálogo interactivo entre el Estado argentino y el Comité CERD se podrá seguir en vivo en este sitio, hoy de 11 a 14 hora argentina (15 a 18 de Ginebra) y mañana de 6 a 9 (10 a 13 de Ginebra).