En la tarde del lunes, las policías Federal y de la Ciudad realizaron un operativo brutal caracterizado por la utilización abusiva y desproporcionada de la fuerza a través de armas “menos letales” y el ensañamiento con los trabajadores de prensa, tendencias que ya habíamos denunciado en otros momentos de 2017 pero que esta semana se reiteraron en una forma extrema.
La acción violenta de algunos manifestantes, que ocasionó heridas a policías y periodistas, fue respondida con un uso de la fuerza irracional: los policías gasearon calles enteras, atropellaron a manifestantes con móviles y motocicletas y provocaron heridas a, al menos, 21 trabajadores de prensa. El resultado de esta respuesta estatal fue un centenar de heridos atendidos por el sistema de salud con traumatismos de distinta gravedad y dificultades respiratorias. En algunos casos, quienes participaron de las manifestaciones, estaban trabajando o estuvieron cerca del lugar de las protestas fueron heridos de gravedad por postas de goma en el rostro. Cuatro personas perdieron uno de sus ojos a causa de las balas policiales.
En los últimos meses, las balas de goma vienen siendo usadas de forma que contradice todos los estándares internacionales. Se trata de un arma defensiva que debe ser utilizada en última instancia para resguardar la integridad física de los efectivos policiales, y no como un arma ofensiva para disolver manifestaciones. Sin embargo, la cantidad de heridos con impactos en el rostro y la cabeza a corta distancia muestra que los policías apuntaron a zonas críticas del cuerpo.
Según un estudio reciente de la organización de médicos Physicians for Human Rights (PHR) el 49% de las muertes y el 82% de las discapacidades permanentes causadas por heridas con postas de goma resultan de disparos realizados contra el rostro y el cuello de manifestantes. De esas discapacidades permanentes, el 87% se relacionan con pérdida de la visión. Dada su asociación con consecuencias severas e incluso letales, estos especialistas afirman que las balas de goma no son armas apropiadas para el control de multitudes.
De ningún modo, la presencia de grupos que realizan acciones violentas en una protesta puede ser utilizada como justificación para que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar y proteger el derecho a la protesta. Esto ocurrió el lunes, cuando se usaron los disturbios como supuesto argumento para barrer una manifestación de decenas de miles de personas a través de la represión indiscriminada.
En los días posteriores, a pesar de la gran cantidad de imágenes, ninguna autoridad política cuestionó la violencia policial ni se hizo mención a que estén en marcha investigaciones internas para determinar las responsabilidades de las numerosas situaciones violatorias de derechos que provocó el operativo. Algo similar ocurrió respecto a la represión del 14 de diciembre con un operativo conjunto de las fuerzas federales en el que resultaron heridos manifestantes, legisladores y trabajadores de prensa y en el que se detuvo, nuevamente, de manera arbitraria a personas que participaban de la protesta. Por este motivo, presentamos un pedido de informes al Ministerio de Seguridad sobre la órdenes brindadas a la fuerza de seguridad y el estado de las investigaciones que deben realizarse.
El incremento de la cantidad de heridos y la gravedad de varios de los casos enciende señales de alarma sobre cómo se está utilizando la fuerza, con intervenciones que amenazan la integridad física y ponen en riesgo a los manifestantes. La ausencia de protección y la represión reiterada de las movilizaciones públicas son mensajes preocupantes que buscan limitar el ejercicio de un derecho fundamental de la democracia.