El Comité DESC difundió sus observaciones finales sobre el cumplimiento de la Argentina del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con rango constitucional. Allí expresó su fuerte preocupación por el impacto de las medidas de ajuste en la desigualdad social y la pobreza, y en la vigencia de los derechos a la salud, seguridad social, vivienda, tierra y alimentación, entre otros. También se refirió a la libertad sindical, el derecho al aborto legal, la concentración de los medios de comunicación y la situación de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los/as migrantes.
El CELS elaboró junto con 55 organizaciones siete informes, como aporte a esta evaluación periódica, que dieron cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales. Muchos de los temas abordados fueron tomados como motivo de preocupación, incorporados a las observaciones y las recomendaciones del Comité:
Medidas de austeridad y políticas fiscales
-El Comité DESC cuestionó la meta de déficit cero para 2019 acordada con el Fondo Monetario Internacional, ya que agudizará el recorte del gasto social.
-Destacó el alto grado de desigualdad social en el país y criticó la reducción de las cargas impositivas a los sectores de alto ingreso. Recomendó que el Estado tome medidas para preservar e incluso fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal.
-Alertó sobre los riesgos de la degradación de ministerios claves para los derechos económicos, sociales y culturales al rango de secretarías. Recomendó que se garanticen su autonomía y sus funciones y que se aumenten los presupuestos, en particular para salud, trabajo y medio ambiente.
Desempleo y restricciones a la libertad sindical
-Expresó preocupación por el aumento del desempleo en los últimos cinco años y el “alarmante incremento” registrado en el primer trimestre de 2018, que afectó de forma desproporcionada a los/as jóvenes, las mujeres y los habitantes de zonas rurales.
-Condenó la existencia de restricciones a la libertad sindical y recomendó al Estado garantizar el derecho a formar y registrar sindicatos, la no interferencia en sus procesos internos y la efectividad de los derechos a la negociación colectiva y a la representación sindical. Instó al Estado a proteger a las personas que participan en actividades sindicales, evitando cualquier represalia en su contra.
Derecho a la seguridad social
-Expresó preocupación por el impacto negativo de la reforma previsional de 2017 en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares. Instó al Estado a restablecer el cálculo de actualización y, a futuro, condicionar cualquier medida sobre pensiones al principio de no regresividad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los/as beneficiarios.
-Cuestionó “la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso” e instó a restituir las pensiones canceladas.
Tarifazo e inflación
-Señaló el impacto negativo de los aumentos masivos en las tarifas de los servicios públicos en los sectores de ingresos bajos y medios. También notó con preocupación que los aumentos del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo no permitan compensar la inflación.
Derecho a la vivienda
-Cuestionó el “muy significativo” recorte en el presupuesto de las políticas de vivienda, mientras se expanden los asentamientos informales sin acceso a los servicios básicos, como al agua potable y el alcantarillado.
-Condenó los desalojos violentos realizados por las fuerzas de seguridad y recomendó aprobar protocolos de intervención pública.
-Destacó que la especulación sobre los terrenos e inmuebles tiene un impacto negativo sobre la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda y recomendó al Estado a poner a disposición terrenos bien ubicados para el desarrollo de viviendas sociales.
Derecho a la alimentación
-Criticó la falta de implementación de la Ley de Agricultura Familiar No. 27.118, los cortes presupuestarios y de personal en ese sector y el aumento de personas que dependen de los comedores escolares y comunitarios. Recomendó garantizar la efectiva implementación de la ley y su adecuada financiación en todas las provincias.
Territorios ancestrales
-Expresó preocupación por la falta de cumplimiento de la demarcación de los territorios de las comunidades indígenas y de la prohibición de desalojos, dispuestas por la Ley 26.160. Recomendó su aplicación plena tanto a nivel federal como provincial y la garantía de los recursos necesarios.
-Instó al Estado a reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.
-Instó al Estado a asegurar la relocalización de las familias criollas fuera del territorio de las comunidades indígenas en el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat de Salta.
Acceso al aborto seguro
-Expresó preocupación por el alto número de abortos peligrosos, directamente ligados a la mortalidad materna, y los obstáculos para acceder al aborto legal, que incluyen la falta de medicinas requeridas y el abuso de la objeción de conciencia. Lamentó que no se haya aprobado la despenalización del aborto.
-Recomendó al Estado adoptar medidas efectivas para la implementación de la sentencia “F.,A.L.”, de la Corte Suprema de Justicia, y garantizar que todas las provincias cuenten con protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral de quienes requieren un aborto previsto por la ley.
-Instó a garantizar el acceso a los medicamentos que permiten una interrupción del embarazo segura: misoprostol y mifepristona. Pidió al Estado a que tome “todas las medidas necesarias para liberalizar las condiciones para el aborto legal y en todo caso nunca criminalizar a las mujeres que recurren al aborto”.
Sistema de salud mental
-Notó que el encierro en instituciones psiquiátricas sigue siendo la principal respuesta del Estado para la salud mental, a pesar de que la Ley Nacional de Salud Mental prevé el cierre de los manicomios en 2020. Condenó las condiciones de vida en estas instituciones y la “muy fuerte reducción” del presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Salud Mental.
-Recomendó al Estado concretar en 2020 la sustitución del sistema de instituciones psiquiátricas por otro sistema de salud mental que sea integral, integrado, interdisciplinario y comunitario, con la apertura de servicios de salud mental en los hospitales generales. También instó a que se priorice la atención ambulatoria, domiciliaria y en la zona de arraigo de las y los niños y adolescentes.
Igualdad de género y cuidados
-Expresó preocupación por la baja tasa de participación en el mercado de trabajo de las mujeres que asumen las tareas no remuneradas de cuidado de la familia. Recomendó fortalecer y extender un sistema público de cuidados integral que elimine las brechas sociales y territoriales.
-Recomendó reglamentar y aplicar la Ley 14.783 de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires.
Derechos de las y los migrantes
-Recomendó al Estado eliminar las barreras legales y administrativas que impiden el acceso a las políticas sociales de los migrantes, facilitar su regularización y flexibilizar el requisito de residencia legal para acceder a la Asignación Universal por Hijo.
Concentración de medios
-Cuestionó la alta concentración de los medios de comunicación, que “limita el pluralismo y dificulta el acceso a licencias y financiamiento para desarrollar medios de comunicación audiovisual de grupos desfavorecidos y de los pueblos indígenas”.
Seguimiento
-El Comité solicitó al Estado argentino que brinde información, en el plazo de dos años, sobre las medidas de austeridad y su impacto en los grupos en situación de vulnerabilidad, la delimitación de los territorios indígenas y la implementación de los protocolos para asegurar el acceso a los abortos legales.
Foto: Emergentes