El miércoles 24 de octubre, durante la movilización en contra del proyecto de presupuesto nacional en la zona del Congreso en la ciudad de Buenos Aires, la policía reprimió la protesta. Disparó gases lacrimógenos, pimienta y balas de goma a un grupo de personas que arrojaron piedras. Como consecuencia, estos grupos se replegaron y también lo hicieron las columnas de manifestantes.
Luego, los grupos motorizados de la Policía de la Ciudad comenzaron a intervenir, persiguiendo a las columnas que se estaban retirando e iniciando una nueva fase del operativo, ya no centrado en dispersar las situaciones conflictivas sino buscando disolver la protesta, perseguir y detener a militantes. Como ya ocurrió en manifestaciones anteriores, las detenciones fueron realizadas a gran distancia del lugar donde ocurrieron los incidentes, a más de 10 o 15 cuadras.
En esta persecución, se volvieron a registrar situaciones de uso irracional de la fuerza, sobre todo en lo que hace al uso de las armas menos letales como dispositivos de ataque en lugar de ser utilizados para defenderse, como lo indican los estándares. También se volvió a observar la participación de policías sin identificación en las detenciones, cuestión que ya fue denunciada al Gobierno de la Ciudad en distintas oportunidades y que los funcionarios dijeron que no iba a volver a suceder. En total 26 personas fueron detenidas.
El fiscal de turno decidió liberar a todos los detenidos sin haberlos indagado previamente. Las imputaciones policiales en casi todos los casos fueron atentado y resistencia a la autoridad, figuras penales muy leves que la policía utiliza para justificar detenciones sin causa. En las movilizaciones del 8 de marzo y del 18 de diciembre de 2017 la policía también realizó detenciones masivas que meses después el poder judicial determinó que eran arbitrarias y sin sustento probatorio.
A diferencia de represiones anteriores, en este caso fueron muy pocas las detenciones de personas que no participaban de la protesta. Veintidós de las veintiséis detenciones estuvieron claramente orientadas hacia militantes de distintas organizaciones sociales y sindicales: sindicato de Astilleros, Suteba, La Poderosa, Movimiento Evita, CTA, MTL. Muchas de estas personas fueron golpeadas. Además, cuatro personas migrantes fueron detenidas. Hoy el gobierno nacional pidió públicamente que sean expulsados del país de manera inmediata, algo que viola la regulación vigente y busca vincular migración con delincuencia.
Foto: Emergentes