El 15 de mayo la Cámara Federal de General Roca procesó con prisión preventiva a un integrante de la Prefectura Naval Argentina que está acusado de haber matado a Rafael Nahuel, en un operativo realizado por esa fuerza el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Río Negro. Los jueces concluyeron que no hay prueba de que se haya tratado de un enfrentamiento y en cambio sí, muchos indicios de que los prefectos persiguieron a los mapuches y desobedecieron el mandato judicial que habían recibido. Por este motivo, ordenaron que el Ministerio Público Fiscal investigue el operativo.
Para los jueces, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, construyó un relato falso de los hechos que buscó exculpar a los prefectos, sin esperar el avance de la investigación: “El Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. […] con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces […] se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando —mediáticamente— que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes.”, afirmaron.
Además, remarcaron que, cuando declararon, los prefectos imputados replicaron este relato, lo que expresa un intento del ministerio de influir en la investigación en curso: “Si luego ese anticipo, elaborado en la sede ministerial, se transforma en la columna vertebral del discurso del único imputado que se aviene a declarar, el asunto cobra mayor gravedad porque revela un franco propósito de condicionar el curso de la pesquisa delineando, de antemano, la versión de los protagonistas.”
Como el CELS viene sosteniendo en este y otros casos, la defensa corporativa de las intervenciones policiales ilegales por parte del Ministerio de Seguridad se articula con una presión indisimulada hacia el poder judicial para que no se profundicen las investigaciones. El objetivo final es que el accionar policial no tenga límites ni controles.