El CELS y ANDHES presentamos un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la libertad e integridad de un grupo de defensores de derechos humanos de Jujuy. Entre ellos se encuentran integrantes de ANDHES, CEDEMS, HIJOS Jujuy y referentes indígenas de la Red Puna y Quebrada, y un grupo de abogadas y abogados.
En los últimos días, cuando se emitieron órdenes de detención colectivas contra más de 40 personas, quedó en claro que el Estado jujeño pone todos sus recursos y orienta su política criminal a la persecución de referentes de distintas organizaciones. Las medidas fueron pedidas por los fiscales y, a pesar de ser arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos, no fueron controladas por los juzgados de garantías.
Entre esas detenciones se encontraba al menos un abogado que daba asistencia jurídica a referentes indígenas y manifestantes. Comuneros y organizaciones relatan situaciones de seguimiento, controles policiales y acciones de búsqueda injustificadas. El ambiente es de amedrentamiento: todes quienes cumplen roles en organizaciones sociales y tuvieron alguna participación en las protestas y manifestaciones en contra de la reforma constitucional corren el riesgo de ser detenidos en cualquier momento, amenazados y hostigados por agentes públicos. Circulan listados y rumores sobre el avance de la justicia penal en contra de más abogadas y abogados, lo que genera un ambiente de intimidación e incertidumbre.
A eso se suma que en Jujuy ya no hay una tutela judicial efectiva para proteger la libertad y la integridad de referentes sindicales, indígenas y de derechos humanos. El ministerio público de la acusación está llevando adelante la política criminal diseñada por el gobierno provincial. Por otra parte, los jueces de garantías tampoco realizan su tarea, ya sea por incapacidad o por connivencia. En San Salvador de Jujuy, de cuatro jueces de garantías, sólo uno está en funciones. Los habeas corpus preventivos presentados por defensoras/es de derechos humanos terminan, en su mayoría, rechazados o declarados abstractos. La justicia federal habilitó su competencia para intervenir en casos de violaciones de derechos en rutas nacionales, pero es la justicia provincial la que tiene competencia en casos de detenciones arbitrarias y que afectan la integridad física que ocurrieron en su jurisdicción.
Por estas razones hoy decidimos apelar a una instancia regional. Solicitamos a la CIDH que adopte las medidas necesarias para que cesen las detenciones arbitrarias colectivas en Jujuy y para la protección de las personas beneficiarias -abogadas y abogados, integrantes de organismos de derechos humanos, referentes gremiales e indígenas- para que puedan continuar realizando sus actividades sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia institucional.
Foto: Télam